Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a un agente destinado en el Destacamento de Tráfico de Córdoba, y han obtenido una sentencia del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba por la que se condena a un vecino de Villa del Río como autor de un delito contra la seguridad del tráfico, otro de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, otro de resistencia a agentes de la autoridad y uno leve de lesiones, imponiéndole penas que suman 16 meses de prisión, así como a indemnizar al agente por las lesiones causadas.
Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de marzo, cuando varios ciudadanos avisaron de que un vehículo circulaba de un modo anómalo por la autovía A-4 y una patrulla de Tráfico tuvo que seguirle a lo largo de 10 kilómetros, trayecto durante el que el conductor hizo caso omiso a las señales acústicas, luminosas y de megafonía del vehículo policial, y circuló haciendo eses de un carril a otro, acelerando y frenando, estando a punto de colisionar con otros vehículos en varias ocasiones.
Finalmente consiguieron que se detuviera en las proximidades del área de servicio 'La Mezquita', pero el conductor, que mostraba claros síntomas de ebriedad, se negó a salir del vehículo e intentó marcharse del lugar, y cuando los agentes tuvieron que sacarlo del interior opuso fuerte resistencia y propinó una patada y arañazos a uno de los guardias civiles. Una vez que fue detenido, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia.
El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al agente agredido, ha declarado que "en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, suspendiéndose la pena de prisión siempre que el condenado no vuelva a delinquir durante dos años, y deberá indemnizar a nuestro representado con 485 euros más los intereses legales, así como abonar las costas procesales. Nuestro bufete seguirá colaborando activamente para defender los intereses de los guardias civiles en situaciones como ésta".
Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que, "según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles siguen aumentando progresivamente, y para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que, además, debe reconocerse como profesión de riesgo a los guardias civiles y policías nacionales, así como dotarles del suficiente material de defensa y protección, como son por ejemplo las pistolas táser".
