Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba han escenificado hoy un Pleno en el que todos los concejales estaban de acuerdo en todas las cuestiones tratadas excepto una. La coincidencia de todos los grupos no es infrecuente, pero sí lo es que prácticamente todo el Pleno esté pactado con anterioridad, lo que podría deberse a que en su mayor parte las cuestiones tratadas tenían poco o nada que ver con las competencias de un Consistorio. Lo que los concejales han decidido es pedir a otras administraciones que hagan esto o aquello por la ciudad, lo que no tiene apenas efectos prácticos.
Sólo dos partidos han mostrado su disconformidad con tal circunstancia: el PP, que la ha definido como "un pleno sin contenido para los ciudadanos" según su portavoz, José María Bellido; y Ciudadanos, quien por boca del concejal Andrés Dorado le ha afeado al equipo de gobierno la presentación de una moción -en la que se han abstenido- que escapa a la acción municipal dado que "este foro no es el adecuado, porque no es nada vinculante".
La Comisaría
Así, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un intercambio de solar o equipamiento entre el Consistorio y el Ministerio del Interior, si este último no construyera la nueva Comisaría de la Policía Nacional en la ubicación actual de Campo Madre de Dios. Además, los concejales han acordado instar al Ministerio a recoger en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "la cantidad necesaria y suficiente" para su construcción.
El acuerdo municipal apenas modifica la situación. Desde ayer, el diálogo entre el Ayuntamiento y el Gobierno central ha desbloqueado la situación tras una reunión entre la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. La única novedad radica en poner negro sobre blanco un acuerdo de cesión, de modo cualquier entrega de terreno o equipamiento del Ayuntamiento conllevaría la recuperación de la parcela donde se ubica ahora mismo la Comisaría.
Cuestión aparte es qué ocurriría con la parte de los terrenos de Campo Madre de Dios que ahora mismo está en manos de la mutua Mupol. Es más que probable que quien quiera hacerse con ellos, ya sea el Ministerio o el Ayuntamiento, tenga que litigar con la mutualidad de la Policía Nacional u ofrecerle una compensación.
Fátima y la N-432
Otra de las cuestiones tratadas hoy ha sido el abandono de la antigua cárcel de Fátima. Todos los grupos se han mostrado de acuerdo en instar al Ministerio de Interior a que acelere los trabajos de urbanización y, entre tanto, que se encargue del mantenimiento adecuado ante las quejas vecinales. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, ha manifestado que "se ha avanzado con Interior en la reordenación de todos esos terrenos. Vamos por el buen camino y pronto daremos buenas noticias".
La polémica carretera Nacional 432 también ha sido objeto de la atención de los concejales, que han reclamado al Gobierno central que acometa su desdoble o la transformación en autovía. A petición del PP, la demanda se ha ampliado a las demás administraciones para que actúen sobre otras carreteras de la provincia de Córdoba, lo que ha permitido aprobar la moción también por unanimidad.
El resto de las cuestiones aprobadas con el consenso de todos han sido una declaración contra la pobreza energética, una propuesta de movilidad sostenible y la reclamación a la Junta de Andalucía para que abone las cantidades que debe a los ayuntamientos por la participación en los impuestos autonómicos (Patrica), congelados desde 2012.
Debate y polémica
En este último sí se ha producido un cierto debate entre todos los grupos y el PSOE, que en un principio no estaba dispuesto a aprobar una iniciativa que ataca directamente a otra administración que gobierna, la autonómica. La portavoz socialista, Carmen González, ha explicado que "no estamos en contra de reclamar el dinero, pero sí del contexto. Andalucía destina a financiación incondicional más que ninguna comunidad, 56 euros por habitante, y hay que analizar la situación de la comunidad autónoma".
Según González, "estamos atravesando la peor crisis económica en los últimos 80 años" y los Presupuestos de la Junta han caído en un 7 por ciento desde el año 2012, mientras que los fondos Patrica no han bajado -se han estancado desde esa fecha-. La portavoz socialista, obligada a justificar los impagos de la Junta, se ha escudado en que "el Gobierno central no cumple con sus obligaciones" pero si lo hiciera, "seríamos los primeros en reivindicar más fondos" a la Junta. A pesar de todo, finalmente el PSOE también ha aprobado la moción.
La única moción que no ha sido aprobada por unanimidad estaba relacionada con la anterior: se trataba de pedir al Gobierno central (de nuevo otra administración ajena) que modifique las leyes para permitir que el superávit de los ayuntamientos se pueda dedicar a inversiones y no sólo a enjugar la deuda con los bancos. Y ha provocado un agrio enfrentamiento entre la bancada del PP y la de IU en un Pleno que hasta entonces había transcurrido con extrema cortesía.
La delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), se ha encendido al hablar sobre las obligaciones fiscales de los ayuntamientos y sus relaciones con la banca. "Los bancos son los principales chupasangres" o "ustedes -el PP- tienen la nariz muy larga" son algunos de los exabruptos que ha dedicado la concejala a la bancada popular, que le ha respondido con un "seguramente sea usted la peor delegada de Hacienda" -Bellido dixit-. Al final, la moción ha salido adelante con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.
Protestas de colectivos
Si el Pleno ha transcurrido con tranquilidad salvo en los momentos finales a cuenta de la financiación municipal, no ha ocurrido lo mismo con las protestas de diferentes colectivos, que ya son habituales en el Ayuntamiento cordobés. Al comienzo de la sesión un centenar de parcelistas (en demanda de agua y servicios) y bomberos (reclamando el convenio), juntos pero no revueltos, han obligado a desalojar el salón de plenos. Durante la primera parte del Pleno los manifestantes han permanecido a las puertas gritando consignas y han llegado a aporrear las puertas del salón bajo la estrecha vigilancia de la Policía Local.
También han querido mostrar su indignación y protesta un grupo de trabajadoras de la empresa Clece, adjudicataria de los servicios de ayuda a domicilio en la ciudad. Sin embargo, en este caso la queja se ha efectuado por los cauces habituales y los portavoces de las afectadas han podido intervenir en el Pleno, que ha aprobado una declaración en su favor.
