El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado este martes que la Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo, por valor de 328 millones de euros, para recomprar a la empresa WP Carey 70 inmuebles en Andalucía, ocho de ellos en Córdoba, que pertenecían a la Junta y que fueron vendidos en 2014, lo que supondrá un ahorro de más de 100 millones a las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar, lo que en Córdoba supondrá el ahorro de más de cuatro millones al año en alquileres que ya no se pagarán.
De hecho, según ha señalado en rueda de prensa Molina, sólo este año se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos 70 edificios por lo que, "al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces", para "incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en donde más falta hacen, como en educación, sanidad, dependencia o servicios sociales, pues esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de 1.000 docentes o a lo que cuesta construir diez colegios".
Acompañado por el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Agustín López, el delegado del Gobierno andaluz ha recordado que cuando este el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno "llegó en 2019 a la Junta de Andalucía se encontró con desorden en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de ellos el de la gestión del patrimonio inmobiliario público".
Dada esta situación, el Gobierno andaluz acordó elaborar un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con el que se perseguían dos objetivos, el de reducir el pago de alquileres, ya que, según ha apostillado, "se están pagando casi 60 millones cada año, y racionalizar su uso en beneficio de los empleados que trabajan en esos edificios, de los usuarios que acuden a diario a ellos y de todos los andaluces".
En relación con este asunto, ha mencionado que "en 2014, siendo consejera de Hacienda y, por tanto, responsable del patrimonio de la Junta, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la Junta vendió a la empresa Inversiones Holmes por 300 millones un total de 70 edificios en los que trabajan más de 8.600 empleados públicos". Un acuerdo que, según ha puntualizado, "tenía una contrapartida absolutamente lesiva con los intereses de la Administración autonómica".
Molina ha informado que el acuerdo obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios por un periodo de 20 años, a través de lo que se conoce como 'venta con arriendo posterior'. Con ello, según ha lamentado, "el dinero se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces. Solo este año hemos pagado 35,6 millones por el alquiler de estos 70 edificios. Un precio que se va revalorizando cada año según el IPC".
De esta forma, ha matizado que, en 2014 el precio de renta anual se acordó en 23,6 millones, más el 21% de IVA, y ha especificado que el primer año se pagaron 28,5 millones, "y hoy, nueve años después, se está pagando una renta que es siete millones superior. El IPC desde 2014 ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%".
El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha asegurado que el contrato de alquiler tenía una "cláusula suelo" que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5% y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.
Respecto a esto, ha afirmado que "aquella operación de 2014 fue en su día comentada y que hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios, ya que los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión".
De esta forma, "hasta 2034, año en el que expiraría el contrato inicial, la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones cada año".
"Hasta final de 2023 -ha indicado-, se habrán abonado unos 279 millones y de aquí a 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos de conservación y reparación. Además, pasados los 20 años del contrato, se debía buscar nuevo sitio para los 8.600 empleados de dichas sedes, o volver a negociar con la propiedad nuevos alquileres".
Edificios en Córdoba
En Córdoba son ocho los edificios que fueron vendidos al fondo de inversión y que ahora la Junta de Andalucía ha recomprado. El número de empleados públicos ubicados en estos ocho inmuebles es de 1.512, es decir, el 62,27% del total de los que actualmente prestan sus servicios en Córdoba capital.
Molina ha resaltado que, "sólo por el edificio de Servicios Múltiples de la calle Tomás de Aquino", actual sede de las delegaciones territoriales de Educación, Justicia, Agricultura, Medio Ambiente y Fomento, la administración autonómica ha pagado anualmente desde 2014 un total de dos millones de euros. Es decir, 168.223,54 euros cada mes. Esta es la cifra más elevada de los alquileres de edificios que la Junta de Andalucía ha tenido que asumir en la provincia de Córdoba.
Otros ejemplos de edificios que se encuentran en esta situación son: la sede de la Delegación de Salud y Consumo, ubicado en la Avenida República Argentina, con un coste de 636.456,84 euros anuales; la sede de la Delegación de Economía y Hacienda, en la calle Gondomar, con un coste anual de 558.858,12 euros, y la Delegación del Gobierno, en la calle San Felipe, cuyo importe anual por el alquiler del edificio alcanza los 311.855,64 euros.
También se ahorrará la Junta desde ahora pagar el alquiler del edificio que hoy ocupa la Delegación de Empleo, en la calle Manríquez, con un precio anual de 202.628,52 euros; la sede de la Delegación de Inclusión Social, en la Plaza Ramón y Cajal, cuyo alquiler supone un desembolso de 149.382,36 euros anuales; el edificio que actualmente ocupa el Instituto Andaluz de la Juventud, en la calle Adarve, por 125.468,16 euros, y la actual sede de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la calle Carbonell y Morand, por 77.664,96 euros al año.
En total, "el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía condenó a los cordobeses a pagar más de cuatro millones de euros al año (4.080.997) hasta el 1 de enero de 2035 por alquilar lo que un día fue de su propiedad", según ha subrayado Molina, quien ha recordado que Córdoba fue la tercera ciudad, por detrás de Sevilla y Huelva, en cuanto al número de edificios en venta "en una operación que el anterior Gobierno inició en 2010 y que le permitió conseguir 300 millones de euros, aunque un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía concluyó que la Junta generó una pérdida de 77 millones de euros en la operación".
