El grupo municipal Ganemos Córdoba llevará al pleno del próximo martes una moción para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del código penal, textos que fueron redactados en paralelo y significan una disminución de derechos importantes para la ciudadanía. La moción que presenta el grupo municipal viene de la mano de la Plataforma No somos Delito, “una plataforma que cuenta con más de 100 organizaciones, que lleva más de dos años visibilizando y denunciando los recortes de derechos y libertades que ha impuesto esta ley” ha indicado la viceportavoz Vicky López.
La viceportavoz del grupo ha manifestado que esta ley es una reacción ante las últimas movilizaciones ciudadanas que se han venido sucediendo desde el 15M y “que nos aleja del concepto de seguirdad ciudadana que nosotros entendemos, la seguridad ciudadana como protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”.
La concejala ha manifestado que esta ley “pretende restringir de manera innecesaria y desproporcionada el derecho a la libertad de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación mediante medidas contrarias a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos”.
López ha recordado que Europa ya incluyó a España en la “lista negra” de países sin libertad y el único del mundo que no admite inspeccionar su régimen. Relatores de la ONU han advertido ya de que esta ley y la reforma del código penal “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos y socavan los derechos de manifestación y expresión en el país” El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que sancionar en vía administrativa a los participantes en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente a las autoridades según el procedimiento administrativo nacional, supone una restricción ilegítima del art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente Ganemos Córdoba pretende con esta moción hacer presión desde los ayuntamientos en un momento idóneo de cambio político estatal y pide que se establezca un debate político y social en materia de seguirdad enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere de un amplio trabajo no sólo de prohibición y castigo.
