La ciudadanía, en el ejercicio democrático de unas elecciones, vota siempre a partidos políticos que entienden que van a defender sus intereses, y que lo harán siempre teniendo en cuenta la situación real; no están preparados ni esperan que el resultado de sus votos no sirva para otra cosa que no sea tergiversar y cambiar la realidad. Ésa no es la misión que los españoles encomiendan a nuestros políticos. Los españoles quieren que les solucionen sus problemas y que no enfanguen el escenario político hasta el punto de crear una desafección absoluta en el aspecto político porque les interesa. Eso sólo abona el terreno para que acaben triunfando los mensajes populistas con terribles consecuencias de polarización de la sociedad y aumento de actitudes intransigentes y, en algún caso, violentas.
Se habla mucho de separación de poderes, pero este concepto deja de tener sentido cuando los poderes son utilizados para imponer denuncias cargadas éstas de falsedades, siendo éstas trabajadas con premeditación y estrategia previa, que hacen un daño impresionante y que lo sufren muchas personas, políticos y no políticos, que tienen que pasar por una absoluta letanía, simplemente porque alguien ha incurrido en falsedades interponiendo una falsa denuncia que algún juez lo ha terminado por admitir a trámite. Y luego, la sentencia dará o no la razón, como le ha pasado a la diputada valenciana Mónica Oltra. Pero la única verdad que sucede es que el daño ya está hecho y ese daño es irreparable.
Es lamentable que, en España, en este país, la presunción de inocencia por juicios paralelos haya desaparecido absolutamente. Ya no existe la presunción de inocencia, sino que todo se dirime en los medios de comunicación, en debates en directo en las televisiones en las que los tertulianos acusan, señalan, sentencian y hasta se atreven a condenar sin ni siquiera esperar a que el poder que representa la Justicia se pronuncie sobre los hechos.
Esto, por no hablar de las comisiones de investigación con la única finalidad de desprestigiar y destruir a una serie de personas cuando a ciertos grupos de poder político les interesa poniendo el foco informativo y la atención de los medios sobre estas personas. Cuando posteriormente llega el juicio, desmontan todo demostrando que todo el trabajo y desgaste que se ha llevado a cabo en esas comisiones sólo sirvió para denigrar y destruir a los que son sometidos a este peculiar enjuiciamiento. Y todo, además, con un cuantioso coste económico para las arcas públicas que tampoco es recuperable, y que se ha desinado a los intereses políticos de desgaste en nuestros centros de poder político que, entre otras cosas, no tienen su principal función en ello.
Cuando los españoles depositan sus papeletas en las urnas lo que quieren son soluciones a sus problemáticas y no dedicar tantos esfuerzos para destruir al contrario. Nadie, absolutamente nadie, vota para eso, excepto quien tiene intereses muy propios de crecer a costa de la destrucción del adversario político.
La ciudadanía, en general, no está en esa línea. Solucionar los problemas es lo que realmente reclama el conjunto de la ciudadanía española. Es absolutamente lamentable que la política española haya llegado a una deriva de una absoluta desinformación interesada que llega a desestabilizar a un país, que enfrenta a unos contra otros, haciendo un daño irreparable. Hay que acabar con esta desinformación y la única manera de lograrlo es castigándola.
Lo verdaderamente importante es que los españoles y españolas castiguen y penalicen esa desinformación y pongan el límite diciendo "no, hasta aquí". El problema es que tenemos fuerzas políticas a las que les interesa que esa desinformación fructifique y esto fomente la incultura en la ciudadanía. Y esto tiene como resultado que haya mucha gente que opine sin saber realmente lo que está diciendo y gente que actúa sin saber qué está haciendo, un mal que, de convertirse en endémico, daría al traste con décadas de democracia y crecimiento, de esfuerzos por lograr un país de derechos, de oportunidades, en el que la igualdad y la solidaridad, así como la libertad quedan reducidos a los escombros sobre los que algunos pretenderían construir un país a su medida, un país en el que la imposición reste libertad y los derechos sean el capricho de una élite que sólo navegue en la dirección de sus propios intereses y el de los suyos, los poderosos.
Lo cierto es que la política española se ha convertido en un lodazal, en una auténtica mierda donde no se corrobora nada, donde no hay respeto. Y esto, el conjunto de la ciudadanía, no deberíamos permitirlo
Los intereses fundamentales de los españoles son principalmente primarios, como hacer frente a la cesta de la compra o el problema de las energías y su encarecimiento, entre otras. Ante esto, muchas personas, desesperadas ante la falta de solución a sus verdaderos problemas, acaban agarrándose a opciones que no les van a aportar nada, pero que ellos consideran que, quizá si todo reventara, les daría una oportunidad. Lo cierto es que la política española se ha convertido en un lodazal, en una auténtica mierda donde no se corrobora nada, donde no hay respeto. Y esto, el conjunto de la ciudadanía, no deberíamos permitirlo.
No se trata ya de defender al presidente del Gobierno, sino de defender a los españoles y españolas de la insidia, de la mentira, de situaciones absolutamente indeseables donde predomina la manipulación. La ciudadanía española vota a grupos políticos a los que les piden rigurosidad, trabajo y veracidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, ninguna de estas variables se producen, algo lamentable.
Pero aún más lamentable es cuando parte de la ciudadanía ni siquiera se preocupa por verificar si las políticas que están haciendo esos partidos van en esa dirección. Se trata, generalmente, de personas que se encuentran, en su desesperación, al filo del abismo, pero tienen confianza ciega en lo que les dicen. Este tipo de grupos políticos son indignos, plagados de personas que, realmente, no creen en la política, sino en la anti-política, que se materializa en la desafección de la ciudadanía ante la realidad política y social que se está viviendo.
La ciudadanía podemos y debemos decidir qué futuro queremos, y eso es importantísimo, algo que no debería estar basado en cuestiones que no nos afectan en nada, como que Andalucía esté muy preocupada por la opción catalana, cuando Andalucía tiene problemas mucho más importantes que el catalanismo.
Y, llegados a este punto, no cabe sino preguntarse qué sociedad queremos. ¿Una sociedad enfrentada, una sociedad que se base en desinformaciones, o una sociedad que se base en veracidades? ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos en este país, la del respeto mutuo o la de la agresión si no piensas igual que yo? Yo lo tengo claro. ¿Es éste el país que queremos? Porque no se entiende que en la sociedad más preparada de nuestra historia el pensamiento crítico esté en tan absoluta decadencia.