Las condiciones de trabajo de las personas eventuales agrarias están marcadas por una fuerte temporalidad, estacionalidad y por la movilidad geográfica de las personas trabajadoras siguiendo los ciclos de las sucesivas campañas agrícolas. Y mientras la producción agraria cambia, el marco de las relaciones laborales en el campo no lo ha hecho.
Lejos de estabilizarse, asistimos, desde hace más de 20 años, a una constante precariedad, sin que la legislación haya introducido cambios que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo. El número de personas trabajadoras eventuales del campo hoy asciende a 500.000 en Andalucía, oscilando entre 60.000 y 62.000 en la provincia de Córdoba.
La campaña agrícola, como marco de relaciones laborales, impone una diferencia considerable sobre las condiciones laborales y de las personas trabajadoras. No es lo mismo las circunstancias en las que se desarrolla la campaña de cítricos que la que sucede en la vendimia, aceitunas o ajos.
Las mejoras no han llegado por igual a todas las campañas agrícolas, sino que de su desarrollo depende el tipo de contratos, los usos y costumbres sociales en las relaciones laborales y un convenio colectivo en el cual, algunas patronales agrarias, léase ASAJA, nunca han pensado en ofrecer condiciones sociales, laborales y salariales dignas que establezcan una querencia a la tierra, una pertenencia a las faenas agrícolas de las personas jornaleras de nuestros pueblos.
El PER en los años 80' del siglo pasado reguló el derecho a un subsidio como única alternativa a las escasas posibilidades de obtener un empleo en las zonas rurales andaluzas y que, junto con la posterior Renta Agraria, se configuran como una prestación de carácter mixto, mezcla de elementos contributivos, en cuanto exige unos mínimos periodos de cotización, combinados con elementos asistenciales, en cuanto se dirige a un sector deprimido de la población al que, nada más y nada menos, se les exige carecer de rentas.
El requisito contributivo de acreditar la realización de 35 peonadas ha conllevado el efecto perverso de reforzar el papel de las empresas, ya que la declaración de las peonadas realizadas determinan quiénes serán las personas beneficiarias para acceder a las prestaciones en los periodos de inactividad y quiénes, no. Las propias personas jornaleras se ven obligadas a la 'compra de peonadas' y a situaciones humillantes.
El pasado 17 de junio, Unidas Podemos presentó en la Mesa del Congreso el proyecto de ley para la 'Mejora de las Condiciones de Trabajo y Protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena', en lo que puede ser la gran revolución en las relaciones laborales y los derechos de las personas trabajadoras del campo y que acaba con la discriminación entre las dos prestaciones agrícolas, el subsidio y la renta agraria uniendo ambas en una sola prestación, eliminando el requisito de las 'peonadas 0', que erradicaría el abuso y tráfico de la compra/venta de las peonadas, modulando dos aspectos importantes.
El primero en cuanto a la exigencia de estar al corriente de pago de la Seguridad Social evitando la pérdida del derecho a la prestación al primer descubierto, y una segunda, modificando el requisito de carencia de rentas que pretende evitar que la convivencia de personas con recursos y que no sean familiares del beneficiario causen la pérdida de la prestación.
Se añade la referencia al Salario Mínimo Interprofesional frente al IPREM para determinar la cuantía de la prestación siendo el mínimo del 50% del SMI en la horquilla de 0 a 5 peonadas y en función de ir acumulando cotización poder llegar hasta el 75% del SMI (750 euros), cantidad muy superior a los 460 euros actuales.
También se expulsa a las ETT,s y Empresas de Servicios del sistema especial agrario de la Seguridad Social y se promociona a las Cooperativas Agrarias y a las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) pudiendo contratar personas temporeras para trabajar en las distintas explotaciones agrarias de sus asociados.
Para que este proyecto de ley sea una realidad en el campo andaluz, en nuestra provincia y pueblos, se necesita que en el trámite parlamentario, tanto los actores políticos que conforman el Gobierno de coalición como aquellos partidos que sustentan la legislatura, apuesten por lo que para el campo andaluz y extremeño, sería un auténtico 'HITO' y que impregne de dignidad, de justicia y de sentido de pertenencia a nuestras gentes, a nuestros pueblos.
