Opinión

El punto de equilibrio

Corren malos tiempos para el debate sereno y sensato. El equilibrio institucional y social que era el gran mensaje de la transición, con las presuntas irregularidades éticas y tributarias del rey emérito, ha situado a la propia institución de la jefatura del estado en entredicho.

El equilibrio y el raciocinio debería estar en primera línea al valorar las grandes cuestiones que conlleva un 'traslado de residencia' en un momento perjudicial y en el momento de sensibilidad social que vive el país. Inoportuno. A muchos ciudadanos les supone la misma indignación que el caso Pujol, el caso Guerra o el propio Puigdemont. La ejemplaridad se queda sin argumentos, por parte del emérito de forma palpable y de forma difusa en el rey actual. Una falta de coherencia, pues si no caben dudas en este momento de la limpieza de Felipe VI, sí hay sombras en el tratamiento de la información que sale de Zarzuela y que llega a la opinión pública con más grises de los que debería en este caso.

Una pérdida del equilibrio que llevó al consenso de fuerzas políticas de espíritu republicano en la transición, por sentido de responsabilidad histórica. El legado de una sociedad, no sólo del sucesor del caudillo, que se presentaba la piedra angular de un momento difícil, con ruido de sables y heridas no cerradas aún. Ese equilibrio, cabe debatirlo al menos, se ha perdido. Y eso es innegable.

Como es innegable, la soberanía de nuestro país recae en el pueblo. Y el pueblo delega su representación, no en la casa Real, sino en las Cortes Generales. Y es en las Cortes Generales donde se debe debatir sobre el momento de deslegitimación y dudosa transparencia de la jefatura del Estado. Dar la voz al pueblo soberano, sin miedos, sin dudas, pues nos merecemos instituciones limpias y sin mancha.

Y que sea el pueblo quien decida si abrir (o no) un proceso de reforma o un proceso constituyente sobre una nuevo modelo de Estado (o no). Una decisión que no puede dejar atrás a toda la población del país que no llega a los 60 años. Toda persona que en 1978 no pudo votar una constitución que nos rige a todos y a todas.