Opinión

Por una transición justa por igualdad de género

Azahara Merino Martos. Doctora en Ciencias Ambientales. Técnica de Medio Ambiente en la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO

La disrupción generada por la pandemia de la COVID 19 ha provocado un impacto en la actividad económica y laboral de tal intensidad y profundidad que ha llevado a gobiernos de todo el mundo a la aplicación de políticas estructurales de gran envergadura. Estas políticas tienen una doble dimensión: por un lado, la gestión en el corto plazo de los impactos y necesidades creadas a raíz de la pandemia; por otro, hacer frente a los grandes desafíos globales ya existentes de nuestra época como es la  crisis ecológica. 

Centrando el análisis en la Unión Europea, estas políticas se han plasmado en el plan de recuperación para la UE “Next Generation EU” aprobado en el Consejo Europeo celebrado entre el 17 y 21 de julio de 2020. Se trata, sin duda, de una estrategia de recuperación muy ambiciosa cuyas directrices están orientadas, mayoritariamente, a dos pilares: transición ecológica y transición digital.

El debate tiene una singular relevancia en el contexto español. En este sentido, la crisis, a pesar de su dimensión global, ha tenido un impacto marcadamente asimétrico –entre países y dentro de cada país-. Dentro del ámbito de la Unión Europea, España ha sido uno de los países donde los efectos han incidido con mayor intensidad. Tal como esboza Recio y Banyuls, las causas de todo esto subyace en los desequilibrios estructurales que viene arrastrando el País desde la implantación de las políticas de austeridad de la Gran Recesión. Asimismo, conviene observar como los segmentos más vulnerables de la sociedad –personas con menores niveles de cualificación y ocupaciones de bajos salarios; personas con empleo temporal; personas con empleo a tiempo parcial; personas con trabajo autónomo; jóvenes; e inmigrantes-  han sido los grandes damnificados de la crisis, creciendo aún más las desigualdades y la pobreza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cabe decir, de la mano de esto último, que la brecha de género ha quedado visiblemente manifiesta. La crisis ha repercutido con mayor intensidad en sectores altamente feminizados y, al mismo tiempo, se ha visto reflejado la elevada presencia de mujeres en la economía informal así como la mayor precariedad laboral que sufren. La intensificación de la carga de trabajo de cuidados o el dramático aumento de la violencia de género durante el periodo de confinamiento han sido otros síntomas que han quedado al descubierto2.

Por otra parte, el gobierno de España plantea la transición ecológica como uno de los objetivos estratégicos para reactivar, en un corto plazo, la economía del país en tanto que impulsa un cambio de modelo productivo para hacer frente a los grandes desafíos globales. Así, el Plan de recuperación –Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”- presentado a Bruselas el pasado mes de abril destina más del 40% -el 40,29%- de los fondos para tal fin, superando el objetivo del 37% establecido en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

De este modo, cabe esperar que la creación de empleos en los sectores verdes se incremente de forma significativa en un futuro no muy lejano y que, sin duda, es el objetivo prioritario en la coyuntura de la crisis. Sin embargo, es preciso replantearse cómo queremos que sean las nuevas ocupaciones emergentes y como representa una oportunidad para el empleo de mujeres.

La agenda política y económica debe impulsar una transición justa que favorezca un modelo de desarrollo sostenible al mismo tiempo que maximice las oportunidades económicas, la inclusión social y los derechos y protección social para todas y todos, sin dejar a nadie atrás3. Además, tal como recomienda las directrices de la OIT, las políticas deben ser diseñadas e implantadas con una clara dimensión de género.

Ahora bien, los datos estadísticos ponen de manifiesto una dinámica de aumento de la brecha de género en las economías verdes. Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) las mujeres sólo representan el 32% del total de los empleos del sector de las energías renovables que, si bien es un valor por encima de su participación en el sector del gas y el petróleo (22%) está muy por debajo del 48% de la participación en el mercado laboral global. Y se espera que esta tendencia se mantenga en el proceso de reconstrucción. 

El pronóstico del desigual acceso entre hombres y mujeres a los empleos verdes no solo se da en el escenario de un crecimiento de energías renovables sino también en otros sectores de gran relevancia en el Plan. Así, puede mantenerse los mismos patrones en los ámbitos de la automatización, digitalización y electrificación del transporte o en la rehabilitación de viviendas -ejes de mayor importancia en la estrategia-. Las razones por las que se pueden argumentar estas previsiones son diversas, entre ellas se destaca: sectores tradicionalmente masculinizados -como es el caso de la construcción-; o escasa participación de las mujeres en los estudios llamados STEM, por su acrónimo en inglés, (ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas). Resulta conveniente destacar, de la mano de esto último, que se propicia una desigualdad de género no solo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos, es decir, la dificultad para acceder a los órganos directivos –de gestión y de toma de decisiones- y que, entre otras consecuencias, ampliará aún más la brecha salarial.

Del mismo modo, esta tendencia se puede trasladar al ámbito del desarrollo de infraestructuras eléctricas, de redes inteligentes o en el desarrollo tecnológico del almacenamiento de energías renovables así como el despliegue en toda su amplitud del hidrógeno renovable en nuestro país. 

Sin embargo, estas transformaciones no están predeterminadas de forma unívoca y concluyente sino que pueden –y deben- ser gobernadas con el objetivo de impulsar una transición justa, inclusiva y con dimensión de género. En este contexto, la perspectiva de género debe estar instalada en el centro de las políticas y medidas que se lleven a cabo y asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres –por ejemplo, a través de la formación y cualificación en las carreras STEM. También, es importante garantizar un sistema de evaluación de impacto de las medidas con componente de género.

En suma, resulta necesario hacer una reflexión crítica y desempeñar un papel especialmente proactivo para garantizar una transición justa con igualdad de género en este momento tan trascendental en el que nos encontramos.

1: Recio Andreu, Albert; Banyuls Llopis, Josep (2020), “COVID, crisis y problemas estructurales”. Gaceta Sindical, Reflexión y Debate, nº35.

 2: Vicente Peralta, María Cruz; Rocha Sánchez, Fernando (2021), “El papel vertebrador de la negociación colectiva. Estrategias para ampliar los derechos laborales en sus distintos ámbitos”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, nº36.

3: Álvarez, Henar (2020), “El futuro del trabajo después de la pandemia y los empleos del futuro”. Gaceta Sindical. Reflexión y debate, nº35.

4: “España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, 2021. La Moncloa.

 5: Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

6:  Los empleos verdes, bien acuñando la definición de la OIT –empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el Medio Ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y eficiencia energética-, bien adoptando una más amplia –se incluye todas las ocupaciones cuya huella de carbono sea cero o negativa-.

7:  OIT, 2015. “Directrices de políticas para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos.