El derecho fundamental a la salud laboral
Durante los dos últimos años, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención de riesgos en las empresas. El coronavirus también ha puesto en el punto de mira una cuestión que los sindicatos de clase venimos denunciando hace años y es que la precariedad laboral afecta a la salud de las personas trabajadoras, aunque las enfermedades que generan los riesgos psicosociales no sean consideradas enfermedades profesionales. De hecho, los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo por lo que CCOO aboga por que los médicos de Atención Primaria puedan impulsar diagnósticos de sospecha cuando llegan a sus consultas patologías susceptibles de ser de origen profesional.
El covid es una de las enfermedades profesionales todavía no reconocidas. Aunque con la eliminación del uso de las mascarillas en interiores –con las excepciones que conocemos- tengamos la impresión de que lo hemos vencido, lo cierto es que el coronavirus genera nuevas situaciones labores que habrá que abordar como las repercusiones laborales del covid persistente.
En estos dos años los agentes sociales y el Gobierno hemos llegado a importantes acuerdos para afrontar los desafíos de la pandemia y de la precarización del sistema de relaciones laborales. Los ERTE, la subida del SMI, la Ley de trabajo a distancia y, sobre todo, la reforma laboral, han supuesto un giro en las políticas sociolaborales y si bien esperamos que la reducción de la temporalidad, que ya se apunta en los primeros meses de vigencia, tenga una repercusión positiva sobre la salud y seguridad en el trabajo somos conscientes de que se necesitan políticas decididas en materia de prevención, porque la precariedad laboral mata y, por ello, la prevención de riesgos debe ser una prioridad para el Gobierno.
En 2021, con la creciente recuperación de la actividad productiva, se registraba un aumento de los accidentes laborales con baja. En Córdoba, en 2021, tuvimos que lamentar una quincena de accidentes mortales, y en este primer cuatrimestre del año ya llevamos seis fallecidos. Cifras que requieren un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, como decía, pero también un aumento de la actividad inspectora, para lo que es imprescindible ampliar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y de los organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía y una Fiscalía que aborde con más intensidad su acción en los delitos de riesgo y de daño a la salud de las personas trabajadoras.
Por ello, CCOO reclama al Gobierno que abra una mesa de diálogo social para poner el foco en la prevención de riesgos laborales y en las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo. Son necesarios cambios legislativos para interiorizar la prevención en el seno de las empresas, incorporar la perspectiva de género en la prevención y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente su impacto en los riesgos psicosociales, así como los riesgos derivados de los efectos que el cambio climático tiene para la salud de las personas trabajadoras.
Es necesario potenciar y poner en valor la figura del delegado y delegada de prevención, dotándola de más capacidad de actuación y protección ante la empresa. Tampoco puede faltar la creación del delegado o delegada de prevención territorial y/o sectorial para todas aquellas empresas en las que no disponen de representación sindical y hay que actualizar el cuadro de enfermedades profesionales y cambiar su sistema de notificación por otro más operativo.
Actualmente, estamos inmersos en la negociación de la futura Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, y deberíamos iniciar la elaboración de la III Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los que tenemos como prioridad que se garanticen entornos laborales seguros y libres de riesgos, con el fin de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la reducción de la siniestralidad.
En definitiva, necesitamos situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas. Porque la salud es un derecho fundamental también en el trabajo.