En la provincia de Córdoba

UGT denuncia que el 30% de los positivos es personal de los servicios de Salud o sociosanitarios

El sindicato asegura, además que el 66% de todos los trabajadores contagiados en sanidad son personal de Enfermería

Los profesionales sanitarios y no sanitarios de los servicios de salud públicos, de los centros residenciales y los servicios de ayuda a domicilio han estado expuestos ante los riegos biológicos de la pandemia provocada por el coronavirus, sin que la Administración sanitaria tenga la capacidad de contener los contagios entre sus trabajadores, por la falta de protección, según ha indicado el sindicato UGT a través de un comunicado.

Por ello, a día de hoy se cuenta en Córdoba con 490 profesionales contagiados, lo que supone un 30% del total del los 1.656 positivos por Covid-19 en la provincia. Y del total de profesionales contagiados, 344 son de los servicios sanitarios públicos (SAS) y 146, de centros residenciales y de la Ayuda a Domicilio.

Según UGT, Córdoba es la sexta provincia en Andalucía con peores datos de profesionales contagiados, y el personal de Enfermería es el peor parado en esta pandemia. Los enfermeros y enfermeras, TCAE y técnicos especialistas son los más afectados, y el análisis por centros es a día de hoy que el 65% del total de personal afectado en el Hospital Reina Sofía es de enfermería, en el Área Sanitaria Sur, supone el el 78,5% y en el Área Sanitaria Norte el 100% de afectados son enfermeros o enfermeras. En cambio, en los distritos sanitarios del Córdoba y Guadalquivir el 100% de los positivos corresponde a médicos de Familia, a fecha de 13 de mayo.

Estos datos demuestran la "ineficacia" de la Consejería de Salud y Familias para proteger a los que están en primera línea de la pandemia, de ahí que UGT haya interpuesto denuncias ante la Inspección de Trabajo y se haya acudido a la Fiscalía por el uso de mascarillas defectuosas repartidas por los centros de trabajo.

Hoy, viernes, "hemos tenido conocimiento que la Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-Andalucía, que pidió analizar la distribución de mascarillas caducadas en centros sanitarios", señala el comunicado sindical.

La nota remata diciendo que los trabajadores siguen utilizando EPIs comprados por ellos mismos, porque lo que se les ofrece en sus centros de salud y hospitales es "insuficiente".