La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba ha acogido esta mañana la constitución de la Comisión Provincial de seguimiento derivada del protocolo general de colaboración para la mejora de la coordinación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de dificultad y apoyo a las mismas en los procesos de incapacitación.
Se trata de un órgano creado para mejorar la atención intersectorial a personas con distintos tipos de discapacidad relacionados con el funcionamiento psíquico, que aboradará situaciones complejas que existen en personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, así como personas mayores con demencia, en las que su discapacidad se ve agravada por otros factores, como trastornos de conducta, dependencia, situaciones familiares y sociales adversas, situación clara de exclusión social, factores que aconsejan intervenciones específicas de carácter intersectorial, entre otros, que deben ser abordadas de manera coordinada, requiriendo en ocasiones el apoyo a procesos de incapacitación.
Para ello, este órgano está compuesto por la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, responsables de los servicios de Gestión de Servicios Sociales, Dependencia y Valoración de la Dependencia, Juan Carlos Martín, Francisco Peña y María Isabel Leal, respectivamente, los responsables de las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental de la Provincia, Carmen Prada y Antonio Jesús Moreno, director provincial de FAISEM, José Antonio Moñiz, profesional del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Concepción Polo, el Fiscal de la Audiencia Provincial, Fernando Santos, asesor jurídico de la Fundación de Tutela de Córdoba, José Manuel Expósito, director del Insituto de Medicina Legal de Córdoba, José Sáez, gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social, María del Carmen Carrasco, y el responsable del Centro Provincial de Drogodependencia del IPBS, Luciano Cobos.
Este grupo se reunirá con periodicidad bimensual y, en caso necesario, con carácter extraordinario. La comisión seguirá las indicaciones del protocolo regional creado a tal efecto, y se regirá por el reglamento establecido que fija las líneas de cooperación que, utilizando la experiencia del grupo de trabajo intersectorial y multidisciplinar a través de sus respectivos recursos, puedan mejorar la situación de las personas con discapacidad que, afectadas de problemas de conducta, demencia, dependencia o, en riesgo o situación clara de exclusión social, no vean solución a su situación por los cauces normales que prevé nuestro sistema de servicios sociales y sanitarios.
Con la constitución de esta Comisión, la Junta de Andalucía da un paso más en la respuesta integral e individual a un colectivo de personas que requieren del consenso de diferentes administraciones para que puedan resolver sus dificultades sociales.
Discapacidad en Córdoba
Según los datos del INE, en Andalucía las personas con discapacidad son 716.136 personas, el 9,58% de su población (el 61,6% son mujeres), de los que 70.900 residirían en nuestra provincia. A fecha 31 de mayo, 49.470 personas en Córdoba tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (25.900 hombres y 23.764 mujeres), de los que 6.360 fueron nuevas incorporaciones durante el pasado año.
Se estima que seis de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia (un 58,6%) y a su vez, la mayoría de éstas (un 63%) son personas mayores de 65 años. En este contexto, según Luna, “Andalucía es en la actualidad la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende (más del 23% del total nacional). A 31 de mayo, existen en nuestra provincia 18.365 personas beneficiarias que cuentan con 24.012 prestaciones”. Sólo durante el pasado año se incorporaron al sistema de dependencia 4.217 cordobeses y se realizaron 7.023 valoraciones en total.
