El Ministerio de Interior "no puede destinar recursos a comprar suelo para una Comisaría". Así de claro se ha mostrado hoy el secretario de Estado de Seguridad, organismo encargado de construir un nuevo edificio para la Policía Nacional en Córdoba, José Antonio Nieto (PP). Todos los fondos de que dispone el Ministerio de Interior para la reforma de cuarteles y comisaría en España se destinan a las obras en sí. Nieto ha reconocido que Interior "ya tiene dificultades para actuar" en todos los edificios que necesitan reformas, así que "no tiene sentido que paguemos" por el solar de la nueva Comisaría de Córdoba.
Se cierra así definitivamente una de las salidas al conflicto por la Comisaría de Campo Madre de Dios, cuyos terrenos pertenecen en su mayor parte a una mutua de la Policía Nacional, Mupol, que los obtuvo por cesión administrativa en los años 50. El Ayuntamiento de Córdoba le había sugerido a Interior que negociara alguna compensación con los propietarios. El Ministerio se niega con rotundidad: no hay dinero para eso, aunque Nieto entiende las demandas de los mutualistas -"ellos hacen lo que tienen que hacer", asegura-.
Así las cosas, Nieto ha insinuado otra vía para recuperar ese suelo sobre el que se asienta la Comisaría de Campo Madre de Dios. Se trata del recurso a los tribunales, dado que Mupol no ha construido las viviendas para las que le fueron cedidos los terrenos. Según Nieto, los servicios jurídicos del Ministerio de Interior "tienen clarísimo" que este caso se ganaría en un tribunal contencioso-administrativo, aunque ello supondría un retraso de entre dos y cuatro años de pleitos antes de poder empezar la obra. Y mientras tanto, "se acaba el tiempo", en palabras de Nieto, para incluir la obra en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Frente a la seguridad de Nieto sobre el resultado de un posible pleito, Mupol esgrime otros argumentos. En declaraciones a este medio, la mutualidad sostiene que hace ya 25 años preguntó al Ayuntamiento de Córdoba por la posibilidad de construir las citadas viviendas (pese a que los terrenos se encuentran ahora ocupados por la Comisaría). La respuesta del Consistorio cordobés, en aquel entonces gobernado por Herminio Trigo (IU), fue, textualmente, informar "la no viabilidad urbanística de construcción de viviendas en la parcela", de acuerdo con el documento de la Gerencia de Urbanismo que obra en poder de este periódico.
Las normas urbanísticas de la época sólo permitían la construcción en la parcela de edificios de equipamientos socioculturales, religiosos, hoteleros, sanitarios, de seguridad o administrativos. Nada de viviendas. Es decir, a Mupol se le impide, desde hace al menos 25 años, cumplir con la condición que le exige el acuerdo de cesión.
Constradicciones
Las declaraciones de Nieto sobre la posibilidad de que Interior acuda a los tribunales dejan en entredicho la postura mantenida por el portavoz de la comisión de Seguridad en el Congreso, el también popular y exalcalde de Córdoba Rafael Merino. El congresista dijo la semana pasada que el Ayuntamiento debió de intentar recuperar la parcela acudiendo a los tribunales. Ahora, Nieto reconoce que esa competencia es del Ministerio de Interior.
El aparato del Gobierno ha mantenido siempre que desconocía la situación de la propiedad de la parcela de Campo Madre de Dios hasta finales del año pasado. Hoy mismo, Nieto ha asegurado que sólo lleva dos meses en el cargo, "el resto de los años no lo se". Por el contrario, los documentos que obran en poder de este medio revelan que el Ministerio de Interior conoce la situación, como mínimo, desde febrero de 2003. Fue entonces cuando Mupol envió un largo escrito a Interior, con sello de entrada del Ministerio, en el que alertaba de la propiedad de los terrenos y proponía diversas alternativas que fueron planteadas un año antes.
Desde entonces han pasado 15 años y el Ministerio de Interior nunca ha dado respuesta a los mutualistas, según asegura la dirección del organismo. A tenor de las declaraciones de Mupol y los diferentes documentos oficiales, el Ministerio de Interior -con gobiernos tanto del PP como del PSOE- ha tenido más de una década para intentar solventar el problema urbanístico de un modo u otro, aunque ahora apremia al Ayuntamiento a que le ofrezca sin coste un nuevo solar o una solución alternativa.
