Ayer, lunes, concluyó el plazo que la Consejería de la Presidencia, Administración e Interior de la Junta de Andalucía abrió para que las entidades y ciudadanos hicieran aportaciones para el desarrollo del Anteproyecto de la nueva Ley de Protección de los Animales en Andalucía.
En este sentido, Galgos del Sur hizo aportaciones y defendió que no se puede retroceder en relación a la anterior Ley anterior de 2003, y "debemos avanzar en la protección de los animales, convirtiendo la nueva normativa andaluza en vanguardista y referente en protección animal a nivel nacional".
Patricia Almansa, presidenta de Galgos del Sur, ha afirmado, a través de un comunicado, que desde su entidad apuestan por una Ley donde la lucha contra el maltrato hacia todos los animales sin distinción, su abandono, la tenencia responsable, el sacrificio cero, la esterilización obligatoria, la regulación de la compra-venta de animales y la adopción "sean sus pilares básicos".
Según Almansa, la Junta de Andalucía tiene que cumplir el convenio de Estrasburgo sobre la protección de los animales de 1987, prohibiendo el uso de perros como galgos, podencos y otras razas para actividades recreativas como la caza deportiva, y de esta forma acabar con la lacra del abandono de perros destinados a la caza como los galgos, "que son criados de forma masiva para ello, de los que sólo unos pocos son utilizados y el resto son desechados".
En Galgos del Sur, desde 2008 han recogido más de 2.000 galgos. Sólo el pasado 2019 recogieron 348 galgos abandonados en la provincia de Córdoba. La mayoría de éstos acaban muertos o sacrificados.
Para Patricia Almansa en la Ley debe quedar explícito que los ayuntamientos son los competentes en velar por la protección y bienestar de todos los animales abandonados en su termino municipal, quedando prohibido por parte de éstos el sacrificio de animales sanos, así como que los consistorios son los responsables directos de prestar auxilio a animales abandonados y heridos y su recogida con el único fin de la adopción.
La nueva Ley debe también dejar recogido que los ayuntamientos deben proteger a los gatos ferales, reconociendo las colonias felinas, la figura del alimentador y alimentadora, y el método CER como único sistema para el control de estos gatos.
Para la consecución de estos fines se debe dejar reflejado en la nueva Ley la obligación de los consistorios de establecer convenios de colaboración con entidades de protección animal.
