La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (Feuso) en Andalucía ha informado este viernes de que el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha condenado a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a abonar a 132 profesores de 17 centros de enseñanza concertada cordobeses el equivalente de la paga extra suprimida en la Navidad de 2012. En concreto, la cantidad total a restablecer se sitúa en 39.050,95 euros.
En una nota, el sindicato ha destacado que "con esta última sentencia son ya 15 las ganadas por la federación en relación a la devolución a la paga extra de diciembre de 2012: nueve en Málaga, cuatro en la provincia de Cádiz y dos en Córdoba".
En concreto, ha detallado que la conseguida ahora, de la mano del letrado Manuel Carrasco de Larriva, beneficia a profesorado de los centros Bética-Mudarra, Cervantes, Virgen del Carmen, Espinar, Bambi, Espíritu Santo, Lope de Vega, Inmaculada Concepción, La Milagrosa, La Salle, Sagrada Familia, Salesianos San Luis Rey, San Acisclo y San Victoria, Santa María de Guadalupe, Yucatal, Zalima y Alemán.
Dichas sentencias reconocen que "la devolución de la extra a los docentes de la enseñanza concertada en Andalucía ha tenido un tratamiento diferenciador injustificado y significativo por parte de la administración educativa respecto a lo devuelto a la enseñanza pública, a la que se le devolvieron todas las cantidades que le fueron detraídas".
Sin embargo, "a los docentes de la concertada se les devolvió menos de lo que se le quito", ha recordado la secretaria general de Feuso Andalucía, María de la Paz Agujetas, quien ha comentado que "el origen de este conflicto laboral, aún en vías de resolución, comienza cuando el sindicato constató que la primera devolución del equivalente de la paga extra de 2012 recortada a los docentes de los centros concertados --de manera similar a como se hizo a los docentes de la escuela pública-- no venía completa".
"Lo ideal sería que la Junta zanjara de una vez por todas este tema y abonara las cantidades que injustamente se les adeuda a los compañeros de la concertada afectados por esta situación", según ha expuesto, para pedir a la administración que "al menos no recurra las sentencias que se vayan ganando y facilite así el camino para conseguir la plena equiparación del profesorado de la concertada y el de la pública".
