Todos los grupos municipales que conforman el Pleno cordobés han aprobado por unanimidad la creación de una comisión integrada por un representante de cada formación política, así como de los gobiernos central y autonómico y del movimiento asociativo por la Memoria Democrática en Córdoba para poder conseguir los objetivos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007 sobre la memoria histórica.
Su composición será definitivamente aprobada en sesión plenaria y sus conclusiones y puesta en marcha de otras medidas necesarias vinculadas a los derechos de verdad, justicia y reparación "se reflejarán en un dictamen que tendrá que recibir el visto bueno del Pleno".
En este sentido, el texto de la moción conjunta recuerda que el artículo 15 de la citada norma obliga a las administraciones públicas a adoptar las medidas necesarias para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura de Francisco Franco, con la posibilidad, incluso, de retirar ayudas o subvenciones públicas. La excepción se centra en "cuando las menciones sean de estricto acuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley".
Igualmente la Ley habla d ella elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la Dictadura, en colaboración obligada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones y se advierte a los propietarios privados que se nieguen a ejecutar la norma que pueden perder subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar recibiendo.
Al mismo tiempo, en la moción el Pleno cordobés pide al Parlamento andaluz que "agilice el trámite parlamentario de la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía.
