El PSOE lamenta que la declaración de utilidad de ATA sólo sea para formalizar la cesión de su sede
La propuesta por parte de la concejala de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent (PP), de declarar como entidad privada de utilidad pública local a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) no ha recibido los parabienes de la oposición del Ayuntamiento, que o bien se ha abstenido (Vox) o bien ha votado en contra (PSOE y Hacemos Córdoba). Eso sí, ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP.
La única que ha debatido al respecto ha sido la concejala socialista Mamen González, quien ha recordado que esa declaración ya fue aprobada por unanimidad en diciembre de 2023, y que si vuelve a traerse a Pleno es para que se refleje claramente en el texto que esa nueva situación de la ATA permite al PP poner en práctica la cesión demanial de un espacio de dominio público en el polígono de El Granadal, en el Distrito Sureste, a la Asociación "durante 20 años y en condiciones más que ventajosas".
Y es que durante esas dos décadas la ATA pagará 2.000 euros mensuales por una superficie de 1.000 metros cuadrados, "que ya le gustaría a más de una empresa o a muchas familias de esta ciudad".
Lo más llamativo, en opinión de la edil del PSOE, es que tanto en diciembre de 2023 como hoy la propuesta ha venido acompañada de sendos informes del secretario del Pleno, Valeria Lavela, el primero de los cuales no indicaba el motivo de la declaración y decía claramente que ésta no permitía la cesión de la sede. Y "ahora sí se indica, que el motivo no es otro que llevar a cabo una cesión demanial", con la que no está de acuerdo "nadie", ni el Consejo del Movimiento Ciudadano, "ni los vecinos" ni tampoco el Consejo de Distrito, "no porque no creamos que ATA no merezca esa declaración, y por eso la aprobamos ya todos antes", sino por "el trato de favor envuelto en papel de regalo que se le hace".
De igual modo, la concejala socialista aha explicado que el hecho de que haya dos informes "supone para los grupos una inseguridad jurídica a la hora de votar" y posicionarse, además de que el informe elaborado hoy mismo "no contempla para qué se decapa de utilidad pública ni se ampara en ninguna normativa".
Por su parte, la edil de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha puntualizado que en 2023 no se declaró de utilidad pública, sino de interés general, y que si se vuelve a traer a Pleno es "para una mayor seguridad jurídica".