Finalmente, la Junta tendrá que abonar al Ayuntamiento de Lucena por la ocupación de terrenos municipales para ejecutar la Autovía del Olivar. Lo ha dicho el Tribunal Supremo (TS) después de que lo indicara primero la instancia Contencioso-Administrativa y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Junta de Andalucía solo podría recurrir ya al Tribunal Constitucional para evitar pagar 1.048.927,50 euros, que es el precio estipulado por los terrenos municipales ocupados para construir el tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar. A eso hay que añadirles otros 500.000 euros adicionales en concepto de intereses.
La Administración andaluza recurrió el pasado mes de marzo la sentencia favorable al C onsistorio lucentino en el recurso Contencioso-administrativo interpuesto para reivindicar el pago de los terrenos de titularidad municipal coincidentes con las fincas nº 52 a 56 en ejecución de proyecto 'Duplicación de la Calzada de la A-340, Lucena-Cabra. Tramo Enlace a-45 Intersección A-318'.
Ahora el TS ha inadmitido el recurso, alegando que no se superan los 600.000 euros por finca registral ocupada que marca la ley para poder recurrir el fallo del TSJA.
Defensa de los intereses municipales
El abogado del Ayuntamiento, Francisco Ruiz Palma, ha dirigido la defensa de los intereses municipales en este caso. Y es que, según fuentes consultadas por LucenaHoy, contra esta decisión no cabe ningún recursos jurisdiccional en tribunales, por lo que la Administración tendrá que satisfacer la cantidad indicada más los correspondientes intereses de demora, que elevan el pago a más de 1.550.000 euros.
La decisión del Ayuntamiento de acudir a los tribunales en defensa de sus intereses fue fruto de las infructuosas conversaciones iniciales mantenidas con la Junta a lo largo de los años para reivindicar el dinero. La institución regional siempre mantuvo la improcedencia del pago, pese a haber sido la propia Consejería de Obras Públicas la que inició el procedimiento de expropiación y fijó documentalmente el precio de los suelos ocupados.
IU, primero, junto al resto de grupos de la oposición, y más tarde desde el propio cogobierno con el PSOE liderando la Alcaldía, defendió que era de justicia el pago del justiprecio y que la Junta no podía compensar al Consistorio lucentino con otras obras e intervenciones realizadas en Lucena en el entorno de la autovía en fecha posterior, como quedaba recogido en el fallido protocolo firmado en su día entre Rosa Aguilar y José Luis Bergillos, entonces Consejera de Obras Públicas y alcalde de Lucena, respectivamente, protocolo que el Pleno nunca llegó a suscribir.
