La Diputación de Córdoba comparte podium, junto con la de Badajoz y Barcelona, en el último ranking publicado por la empresa española OpenODS, que coloca a la institución provincial cordobesa como la segunda más responsable con la Agenda 2030.
Tal y como ha indicado la empresa que ha realizado dicha clasificación, el estudio se ha basado en la información pública de las diputaciones, cabildos y consejos insulares y ha seguido una metodología realizada en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la elaboración se ha estudiado el cumplimiento de cada uno de los 34 retos de la Alianza Local ODS para este tipo de entidades. Las entidades del ranking "han sido contactadas previamente al lanzamiento y una buena parte de ellas han colaborado activamente facilitando la información solicitada", ha señalado la empresa.
"Nos hemos encontrado con una implantación de la Agenda 2030 a dos velocidades, con entidades locales que se la han tomado muy en serio desde el principio y otras que apenas han arrancado" ha afirmado el 'product manager' de la compañía, Raúl Moreno, quien ha agregado que es "importante destacar el papel tractor que pueden y deben jugar las diputaciones, cabildos y consejos en sus territorios, liderando el despliegue de la Agenda mediante el acompañamiento a ayuntamientos, empresas y entidades del tercer sector".
Los rankings elaborados por OpenODS, la primera plataforma donde encontrar toda la información sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguen una metodología capaz de crear un estándar que guíe a las entidades públicas y empresas en la aplicación y consecución de los ODS.
"Sin información sistematizada, abierta a la ciudadanía, a los grupos de investigación, a los medios de comunicación, resulta casi imposible cumplir con las metas marcadas no solo en las entidades públicas, sino también en las empresas en relación a la Agenda 2030", ha aclarado Moreno.
Para concluir, ha detallado que el ranking se ha elaborado teniendo en cuenta las bases, en las que se evaluaban aspectos como el compromiso con la Agenda 2030, la Gobernanza y ODS o la existencia de cargos específicos para su consecución, entre otros; el diagnóstico, valorando impactos directos o indirectos en compromisos ODS y metas y los procesos participativos; la definición, sus planes estratégicos, informes, localización de metas o presupuestos y, por último, la implementación y seguimiento, es decir, la puesta en marcha del proyecto.
