viernes 02.06.2023

DIPUTACIÓN

El Pleno de la Diputación exigirá la derogación de la Ley de la Administración Local

Por primera vez una diputación aprueba una proposición sobre las titulizaciones de las hipotecas

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Imagen de archivo del Pleno de la Diputación de Córdoba
El Pleno de la Diputación exigirá la derogación de la Ley de la Administración Local

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy una proposición por la que insta al Gobierno de España a que inicie un proceso de reflexión y trabajo en torno a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas en lo que afecta a las competencias en materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social y en la que se tengan en cuenta todos los problemas y dificultades que los Ayuntamientos han tenido desde su aprobación.

La institución provincial insta al Gobierno a que en este proceso de reflexión y trabajo se dé la máxima participación a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a su homóloga andaluza, a los colegios profesionales de trabajadores y educadores sociales y también al Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

El objetivo de dicha reflexión debe ser tomar las decisiones más adecuadas para conseguir unos servicios sociales de calidad y que se siga avanzando en la promoción y reinserción social tan necesaria en nuestros pueblos y ciudades.

Además, la proposición insta al Gobierno provincial a que se proceda a cubrir con una tasa de reposición del 100% al personal dedicado a la asistencia directa de los usuarios de servicios sociales y que en 2016 se proceda a la contratación de personal para cubrir las necesidades urgentes e inaplazables de los servicios sociales, como servicio prioritario y esencial de la Diputación.

Titulización

Otra de las proposición aprobadas se refiere a la titulización de las hipotecas y los desahucios que promueven los bancos ejecutando hipotecas que fueron transferidas a fondos de titulización.

Es la primera vez que se presenta una proposición sobre esta cuestión en una Diputación, explicó la portavoz de Ganemos en la institución provincial, Mª Ángeles Aguilera, quien dijo que los bancos “se están lucrando de la venta de estos títulos y nos están cobrando a nosotros la cuota de la hipoteca”.

Por ello, los cinco grupos de la Diputación han acordado exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione como un registro público, organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titulizados a fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible la información y certificación de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo. Además, solicitarán a las entidades financieras que publiquen en sus web, junto al folleto y la escritura de constitución del fondo, la relación de activos que componen dicho fondo de titulización.

También rogarán al juez decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo a ejecutar ha sido titulizado o no.

Asimismo, se acuerda incluir en la página web provincial un apartado con información acerca del problema de las titulizaciones y enlaces con páginas web para que el consumidor pueda saber si su préstamo hipotecario ha sido titulizado o no y medidas de actuación y protección.

Otros acuerdos

Por otra parte, los partidos con representación en la Diputación cordobesa acordaron instar al Parlamento andaluz para que en el actual debate del Proyecto de Presupuestos para 2016 se incluyan todas las partidas, inversiones y proyectos que beneficien a la provincia de Córdoba de acuerdo a las propuestas de los Grupos parlamentarios en el marco del debate presupuestario y exigir al Gobierno de la Junta que ejecute al máximo todas las partidas presupuestadas dentro del Presupuesto que finalmente se apruebe.

La proposición aprobada incluye, además, pedir al Gobierno central que, según las disponibilidades presupuestarias, se comprometa a ejecutar las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios en el debate de los Presupuestos Generales del Estado que afectan a la provincia de Córdoba e instarle a cumplir con las transferencias a la comunidad autónoma.

Junto a lo anterior, se aprobó una proposición en la que se pide la derogación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana y que se cree un debate consensuado de las distintas fuerzas políticas sobre lo que supone la seguridad no sólo desde el punto de vista del orden público sino también como una responsabilidad de Estado.

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