Un desahucio, decretado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lucena, ha quedado en suspenso. ¿El motivo? No ha sido por razones humanitarias, sino que en esta ocasión la Covid-19 se ha aliado con las familias de nacional rumana que en el inmueble número 33 de la Calle Huertas de la localidad lucentina. Y es que varias de la 20 personas que están en el interior han dado positivo en Coronavirus.
Un hechoi que se ha conocido esta misma m mañana, a las 11.00 horas, cuando una comisión judicial acudió al inmueble para proceder al desahucio junto con seis policías nacionales, miembros del colectivo Stop Desahucios y la concejal de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE), así como el portavoz municipal de IU, Miguel Villa.
La edil ha lamentado que nadie hubiera informado al Ayuntamiento de este lanzamiento que no se hubiera podido producir de ninguna manera, al menos hoy, ya que la Ley impide llevar a cabo el desalojo de viviendas ocupadas. Además, las familias muestran un estado de vulnerabilidad extrema, con varios menores entre ellas, y eso requiere una alternativa al desahucio que no se ha presentado.
Por el momento se ha frenado el lanzamiento, si bien la edil socialista ha recordado que una de las prioridades del Consistorio lucentino es el desalojo del edifico que tiene un informe de insalubridad.
