La ultraderecha denuncia "incompetencia criminal" del Gobierno, al que exige "responsabilidades políticas"
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este jueves que el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Alto Guadalquivir) no puede atribuirse a la "mala suerte ni a una fatalidad inevitable", sino a una grave "incompetencia criminal derivada del abandono del sistema ferroviario" nacional por parte del Gobierno central.
En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha señalado que ya existen varias certezas incuestionables: "La primera de ellas es el maltrato sistemático al sistema ferroviario español", consecuencia directa de la gestión del Gobierno de España.
Según ha indicado, han pasado ya tres días del accidente y "el propio Gobierno ha comenzado a reconocer de manera indirecta lo ocurrido". "Es el momento de asumir responsabilidades políticas", ha afirmado Gavira, quien ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "destruir todo aquello que gestiona".
Asimismo, Vox ha anunciado este jueves la presentación de una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) por los hechos ocurridos en relación con el accidente ferroviario de Adamuz, en la que atribuye al actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, un delito de "homicidio imprudente por imprudencia grave". Ha pedido además que declaren en el juzgado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos.
Manuel Gavira ha reiterado su compromiso de "depurar responsabilidades por todas las vías necesarias y echar a este Gobierno corrupto y criminal a través de las urnas y los tribunales".
Querella
De igual modo, Vox ha anunciado este jueves la presentación de una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) por los hechos ocurridos en relación con el accidente ferroviario de Adamuz, en la que atribuye al actual presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, un delito de "homicidio imprudente por imprudencia grave". Ha pedido además que declaren en el juzgado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos.
Según ha informado en un comunicado, también acusa al presidente de ADIF y la expresidenta de delitos relacionados con "derechos de los trabajadores, por infracción muy grave del deber de cuidado"; "de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión"; de "malversación de caudales públicos"; de "tráfico de influencias", y de "fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos".
Para Vox, "nos encontramos ante unos hechos extremadamente graves, y con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, bien sea por falta de diligencia, de forma accidental, o una concurrencia de ellas, en todo caso aparece una grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias".
En la querella, Vox destaca como la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan "a la investigación a analizar de forma exhaustiva la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto", la adjudicación y la ejecución de la "contratación pública al respecto, las personas intervinientes y beneficiadas en las mismas, y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud".
Responder penalmente
Por otra parte, según Vox, en este momento, "se puede determinar aquellas personas que deben responder penalmente de los delitos incluidos en la querella, con independencia del análisis de las causas del siniestro que quedará a expensas de la necesaria investigación".
"Ya en este momento, es evidente la responsabilidad de los querellados, por la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente, y que por tanto, se deduce en la exigencia de investigación judicial y la responsabilidad penal de los querellados, dimanante del deber de cuidado inherente a las competencias legales de sus cargos", según ha añadido.
"Es innegable obviar los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuarios", según Vox.
Vox ha solicitado al tribunal las declaraciones de los querellados, así como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; del exministro de Fomento José Luis Ábalos, y del actual secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, entre otros, así como los que resulten "responsables en la medida de su ámbito de competencia y participación en la toma de decisiones".