jueves 09.12.2021
Cordoba Hoy

EN PALMA DEL RÍO

Jornaleros del SAT ocupan por octava vez desde 2012 la finca Somonte, propiedad de la Junta

El sindicato lleva varios años seguidos sembrando y cosechando las 400 hectáreas de la finca sin ayudas de la PAC
Finca Somonte
Finca Somonte
Jornaleros del SAT ocupan por octava vez desde 2012 la finca Somonte, propiedad de la Junta

Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar en la madrugada de este martes la finca pública Somonte, ubicada en Palma del Río (Córdoba) y propiedad de la Junta de Andalucía, la cual, tras más de dos años de ocupación continua, fue desalojada el pasado jueves por sentencia judicial, recurrida por el sindicato al Tribunal Constitucional (TC), de manera que ya van ocho ocupaciones consecutivas desde 2012.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, que forma parte de la docena de militantes de dicho sindicato que, sobre las 05.00 horas de este martes y tras el referido desalojo del pasado jueves, han vuelto a ocupar la finca, con la finalidad, que ha marcado todas las anteriores ocupaciones, de "trabajar y cultivar" estas tierras, "evitar su paso a manos privadas" y que cumplan "una función social: Dar trabajo a las personas en paro de la comarca".

De hecho, el sindicato lleva varios años seguidos sembrando y cosechando las 400 hectáreas de Somonte, principalmente cultivos de secano, sobre todo cereales, "y sin las ayudas de la PAC", con lo que los jornaleros consiguen "lo comido por lo servido", insistiendo desde el SAT en que no quieren la propiedad de la finca, siendo su objetivo el que "la tierra cumpla una función social, queremos que siga siendo pública, pero que nos la cedan para poder explotarla y dar trabajo".

Con esa cesión de uso, según ha venido defendiendo el SAT, "se podría invertir en regadío y sembrar cultivos sociales ecológicos, que necesitan mucha mano de obra y darían muchas peonadas en la comarca, mitigando los altos índices de desempleo".

Somonte 2

Las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012. Al poco de ocuparla fue desalojada sin incidentes, pero de nuevo fue ocupada a las horas con más jornaleros que llegaron desde diversos puntos de Andalucía, y así hasta ocho veces ya con la de este martes.

En este último caso, los ocupantes han sido ya "identificados" por la Guardia Civil y, según ha señalado Óscar Reina, ignoran si serán desalojados nuevamente o no, si bien los agentes mantienen cortado el acceso a la finca y "nadie puede entrar", como han comprobado familiares de los ocupantes que han intentado llevarles "agua y comida".

En concreto y según han precisado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los actuales ocupantes de Somonte han accedido este martes a la finca con autorización judicial, en concreto una familia de las que participó en la anterior ocupación, para recoger sus enseres, y lo ha hecho acompañada de algunos miembros del SAT. Tras entrar, estas personas han decidido quedarse dentro, al tiempo que en el exterior permanecen agentes de la Guardia Civil, que habían acudido ante el mandato de la autoridad judicial para que accediera la citada familia.

Jornaleros absueltos y condenados

Cabe recordar, respecto a las consecuencias de anteriores ocupaciones, que ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

Agentes de la Guardia Civil conversan con Óscar Reina (de verde) antes del desalojo de la finca Somonte

El juez absolvió a los procesados en base a que "el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales", prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

La situación cambió con la última ocupación, iniciada en agosto de 2019 y concluida con el mencionado desalojo del pasado jueves, ya que, según ha explicado el portavoz del SAT, Óscar Reina, "la Junta no denunció a todos los ocupantes", como en anteriores ocasiones, sino al SAT, como persona jurídica, y a dos de sus dirigentes, siendo Reina uno de ellos.

La sentencia en esta última ocasión resultó desfavorable para el SAT, siendo condenados "a devolver la posesión de la finca a la Junta de Andalucía", pero como no lo hicieron voluntariamente, "se ejecutó su desalojo el pasado jueves", a pesar de que "estaba previsto para febrero de 2022". Sin embargo, el juzgado estimó la petición de la Junta de que se adelantara para así poder labrar la tierra y optar a ayudas de la PAC, algo que para el SAT no es justificación, pues la finca viene siendo ocupada y cultivada "desde hace casi diez años", con lo que "no tiene sentido alegar ahora" la posible pérdida de subvenciones europeas.

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