El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha destacado "la gran labor" que realiza la Fundación Cordobesa de Tutela, de cuyo patronato forma parte y que atiende a un total de 219 personas de la provincia que se han visto incapacitadas, total o parcialmente, por una resolución judicial a través de las diferentes figuras jurídicas que contempla el ordenamiento jurídico.
Según ha indicado la institución provincial, en la actualidad, 144 de estas atenciones son tutelas, 12 curatelas, tres de administraciones de bienes y 60 defensas judiciales, prestando servicios de defensa judicial y dando respuesta a las necesidades sociales y económicas de las personas incapacitadas.
Del total de las personas atendidas, el 61 por ciento son hombres y el 39 por ciento restante mujeres. Por edad, el 48 por ciento tiene entre 41 y 64 años, mientras que las personas mayores de 65 representan el 32 por ciento y el 20 por ciento restante tienen entre 18 y 40 años.
En este contexto, Sánchez ha destacado que "estos datos ponen de manifiesto la heterogeneidad de los perfiles de las personas que requieren de protección y defensa tras su incapacitación judicial, una labor en la que la fundación tendrá siempre un papel subsidiario del que corresponde a los familiares del incapacitado y solo actuará cuando la autoridad judicial lo determine".
Durante la última reunión de la comisión técnica, Sánchez ha podido conocer el trabajo que la Fundación Cordobesa de Tutela está realizando a lo largo de 2021, un año en el que además "el IPBS ha aumentado un 25 por ciento su aportación a la entidad hasta llegar a los 50.000 euros porque somos conscientes de que con su labor está dando respuesta a una necesidad social muy demandada por diversos sectores sociales, jurídicos y sanitarios".
El presidente del IPBS ha destacado además la labor de sensibilización que realizan para que la sociedad comprenda "que las personas que son incapacitadas judicialmente tienen que ver garantizados sus derechos".
El patronato de la entidad, de carácter público-privado, está compuesto por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, Faisem, la Diputación de Córdoba y diversas entidades en representación de las personas con discapacidad y mayores. Su finalidad es la protección y defensa de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial a causa de una discapacidad, deterioro cognitivo o enfermedad mental, y que se encuentren en situación de abandono por falta de familiares que cuiden de ellos.
A lo largo de los últimos 20 años, la fundación, en estrecha colaboración con el tejido asociativo de la provincia y en interlocución con los poderes públicos, ha aportado asesoramiento y recursos en los procedimientos jurídicos para estas personas, al tiempo que ha trabajado en una doble vertiente personal y patrimonial.
Por un lado, atiende a las necesidades reales de los tutelados con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de garantizar el respeto a sus derechos; por otro, realiza la administración de los bienes y la gestión individualizada del patrimonio de los tutelados donde se incluye la búsqueda de recursos y la tramitación, en su caso, de las prestaciones y ayudas necesarias para mejorar su bienestar.
