RESPUESTA A COMPROMÍS EN EL SENADO

El Gobierno deniega más de la mitad de los expedientes cordobeses del Ingreso Mínimo Vital

Únicamente se han resuelto el 40 por ciento de los 22.185 expedientes válidos
POBREZA
photo_camera Imagen de pobreza en una calle

Los datos actualizados aportados por el Gobierno central a preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, respecto al pago del Ingreso Mínimo Vital vuelven a mostrar un escenario desolador.  A pesar de los meses pasados desde la entrada en vigor de esta medida, poco más del 13% de ellas han sido aprobadas, pero el Gobierno se cuida mucho de aportar, tal y como se pedía, cuantas de estas aprobadas han sido abonadas.

Un total de 486.824 de estas peticiones no han sido estudiadas todavía. Mulet ya reprochó al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que abandonase la prepotencia y asumiera la necesidad de coordinarse con las comunidades autónomas como la valenciana para que este tipo de prestaciones tuvieran el máximo número de beneficiarios posibles.

En total en España son 975.559 expedientes válidos de los 1.017.104 en total presentados, tras restarles los 41.545 duplicados. Del total de 328.526 resueltos, aprobados hay 136.413 y denegados son 192.113. Al parecer hay también 160.209 expedientes en periodo de subsanación.

A nivel cordobés se presentaron 23.399 expedientes, porque hay 1.214 duplicados, con lo que válidos se quedan en 22.185, según la información aportada por el Gobierno central a Compromís.

En total se han resuelto 8.872 solicitudes (el 40% del total), de las que 4.601 se han denegado (el 51,8%), y sólo se han aceptado 4.271.

Mulet ha recordado las palabras de Escrivá, cuando nada más lanzar la propuesta de IMV ya delimitó la posibilidad de gestión directa de la prestación a vascos y navarros. "Esto fue un insulto grave, diferenciando de nuevo entre comunidades autónomas de primera, segunda y tercera cuando todos tienen transferida la competencia. Finalmente, lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, datos ni mecanismos, podrían generarse duplicidades que acaben perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos y no ha sido hasta después del caos cuando se han abierto a la cogestión con las comunidades del IMV".

Precisamente el Senado aprobó el pasado mes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con una única abstención una moción de Compromís en la que se insta al Gobierno a unificar procedimientos como la Renda Valenciana d’Inclusió y el Ingreso Mínimo Vital para agilizar la tramitación a la ciudadanía.

Para ello, "se tendrán en cuenta la existencia de rentas mínimas autonómicas y sus competencias en política social y desde el abordaje de la resolución de las cuestiones específicas que afecten a cada territorio, con la transferencia de los fondos para su gestión (entendida como una encomienda de gestión) a efectos de unificar los procedimientos y agilizar la tramitación a la ciudadanía", rezaba el texto aprobado.

El Senado instó al Gobierno a que, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo y partiendo del compromiso compartido entre todas las Administraciones e instituciones de lucha contra la pobreza y las desigualdades, pusiera en marcha los mecanismos de colaboración y seguimiento para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, "con el fin intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia en la gestión de esta prestación, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información".

Los datos aportados ahora, detallados por provincias, ahondan más en la necesidad de avanzar en esta vía de colaboración. "Escrivá ha demostrado su inutilidad total para gestionar en IVM, hay miles y miles de familias esperando se tramite su ayuda, con las comunidades estarían ya resueltas", ha concluido el senador valencianista.