Para Equo la escasez de lluvia, las consecuencias del cambio en los usos del suelo, la proliferación de pozos y captación de aguas ilegales, la intensificación de la actividad agrícola y el consumo irresponsable de agua están haciendo que los acuíferos de la provincia hayan empezado a generar preocupación por su estado, según un comunicado de esta formación política ecologista.
Ante esta penosa situación y la inacción del Gobierno andaluz, que pese a reconocer la problemática no está tomando las medidas necesarias para solucionarla, incumpliendo de este modo su papel de gestión y planificación en materia de agua, la parlamentaria andaluza y coportavoz de Equo Andalucía Carmen Molina ha elevado una propuesta para que se evalúe y clasifique adecuadamente el estado de las masas de agua subterránea, y que se haga un uso racional y respetuoso con el medio ambiente, la reutilización de las aguas residuales y medidas que favorezcan la recarga de los acuíferos, que aseguren a largo plazo el suministro necesario de agua en buen estado, de acuerdo con el principio de prudencia y teniendo en cuenta los efectos de los ciclos de sequía y las previsiones sobre el cambio climático.
Uso adecuado del agua
Ana María Carnero y Salustiano Luque, portavoces provinciales de Equo, han manifestado, por su parte, que "el problema del agua será una de las grandes cuestiones a resolver en los próximos años, por lo que es necesario garantizar un uso adecuado del agua que es de todos y cuidar los acuíferos provinciales". En este sentido, ambos consideran que "el cambio climático, la escasez de lluvias, la proliferación de pozos tanto legales como ilegales y el abandono de las instituciones en la protección del acuífero Rute-Horconera que abastece a Priego de Córdoba, entre otros puntos de la Subbética, requiere de la adopción urgente de medidas de protección y vigilancia tanto de éste como de los restantes acuíferos de la provincia".
Añaden, además, que "mientras no se recuperen los acuíferos, no se tendrían que otorgar nuevas concesiones de extracción y tendrían que adoptarse las medidas cautelares necesarias que permitan, temporalmente, limitar los derechos preexistentes del uso privativo del agua de los acuíferos declarados en mal estado". Eso tendría que venir acompañado de acciones punitivas "persiguiéndose las extracciones ilegales, en volumen tal que se permita la adecuada recarga de los mismos, hasta que se defina el Plan Específico de Ordenación de los recursos hídricos de estas masas de agua".
