CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Emproacsa aprueba el Fondo Social para familias en situación de exclusión o emergencia social

El Fondo Social cuenta con un presupuesto de 226.329 euros que se repartirá entre los municipios en función del número de suministros domésticos

Agua el grifo
photo_camera Emproacsa ha aprobado un fondo social para familias sin recursos

El Consejo de Administración de Emproacsa ha dado el visto bueno al Fondo Social para familias en situación de exclusión o emergencia social que contará con un presupuesto de 226.329 euros que se repartirán entre los municipios teniendo en cuenta el número de suministros domésticos en diciembre de 2015, de forma que recibirán entre 2.600 y 12.000 euros.

El objetivo del fondo es atender los casos de personas o familias en situación de exclusión y/o emergencia social que con deudas vencidas estén en riesgo de suspensión del suministro en aplicación del Reglamento Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía por demora o falta de pago.

Para la compensación de la deuda de los solicitantes con el Fondo Social será necesaria la emisión por parte de los Servicios Sociales Comunitarios del informe que acredite que la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo o vulnerabilidad social por no disponer de recursos económicos suficientes con los que afrontar la deuda contraída. De acuerdo con los criterios establecidos por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), se entenderá acreditada tal circunstancia siempre que la suma de los ingresos de la unidad familiar, en el semestre anterior a la solicitud, no sea superior a entre 1,2 y 2,1 veces el IPREM dependiendo del número de personas que componen la unidad familiar, es decir, entre 639 euros y 1.118,27 euros mensuales.

Además, en el caso de que algún miembro de la familia sea dependiente, tenga alguna discapacidad, familias monoparentales, situaciones de violencia de género, unidades familiares que hayan sufrido un desahucio de su vivienda habitual podrán no tenerse en cuenta los límites de ingreso si a criterio profesional, el solicitante se encuentra en situación de riesgo o vulnerabilidad social.