Agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, han denunciado un total de 14 talleres mecánicos, 11 ilegales, en 25 inspecciones realizadas, en los municipios de Cañete de las Torres, Bujalance, La Rambla y Villa del Río, detectando irregularidades, tales como deficiencias en la gestión y/o almacenaje de los residuos producidos, falta de documentación relativa a los derechos de los consumidores, carecer de licencia municipal de actividades económicas, del registro de industria y/o placa identificativa, entre otras deficiencias.
Dichas actuaciones han sido llevadas a cabo en el marco de un dispositivo especial de inspección de establecimientos productores de residuos peligrosos -talleres de automoción- que viene desarrollando la Policía andaluza en distintos puntos de la provincia.
En el marco de este dispositivo se han localizado un total de 11 establecimientos que funcionaban como talleres ilegales ya que realizaban labores de reparación de vehículos clandestinos y carecían de la preceptiva licencia para ejercer dicha actividad. En dichos establecimientos se ha verificado que contaban con la maquinaria, piezas de repuestos y herramientas propias de este tipo de talleres y que en su interior había vehículos en proceso de reparación y acumulación de residuos como filtros, aceite, líquido y pastillas de frenos, anticongelante o baterías.
La Policía Autonómica actúa frente a estos negocios bien porque los agentes detectan su presencia mientras patrullan y realizan labores de control en los municipios, o bien a través de denuncias de particulares.
La inspección de los talleres mecánicos es una de las competencias de la Unidad Adscrita para verificar el cumplimiento de las normativas administrativa y medioambiental vigentes. Los agentes de la Unidad comprueban la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos de reparación y verifican si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas. Los talleres que operan de modo ilegal realizan trabajos de reparación de vehículos sin contar con las debidas licencias y autorizaciones que causan un grave perjuicio económico a las distintas administraciones, al sustraerse del pago de los preceptivos impuestos y tasas, así como una competencia desleal a los talleres que sí cumplen con la normativa vigente. Además en numerosas ocasiones, tampoco respetan los derechos de los consumidores, siendo estos detectados gracias a las labores de investigación realizadas mediante vigilancia y control de locales.
