El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Diego Chacón, ha sido denunciado por una "presunta prevaricación continuada" ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, según ha informado en su página web la cadena SER lucentina.
Según la emisora, los hechos se remontan al pasado mes de febrero cuando esta institución colegial celebró elecciones para reponer los cargos vacantes por la dimisión de todos los miembros de la junta de gobierno, en diciembre del 2020, a excepción del decano.
En aquella votación, con una amplia mayoría, obtenía el triunfo la lista opositora al decano. De la candidatura promovida y que sustentaba al decano, únicamente accedió al órgano dirigente, como electa, Araceli Montilla, por motivo de la exclusión del proceso de Javier Ortiz López de Ahumada, quien ha formulado ahora la denuncia contra el decano.
En mayo, la junta electoral del Colegio de Abogados de Lucena se pronunciaba en contra de la decisión adoptada contra Javier Ortiz, volviéndolo a proclamar candidato al cargo de diputado primero, una resolución que, a principios de mes, ha ratificado el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Comunicado del denunciante
Según una nota del denunciante, a la que este periódico ha tenido acceso, desde que el 27 de mayo pasado se resolvió por la junta electoral del Colegio de Abogados de Lucena la proclamación de éste último como candidato al cargo de diputado primero de la junta de gobierno, resolución confirmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados a comienzos de este mismo mes, se ha producido "un continuado incumplimiento de la obligación de convocar junta de gobierno para fijar fecha de celebración de elecciones a dicho cargo", obligación que pesa sobre el decano, que ha sido requerido para ello tanto por la junta electoral como por su propia junta de gobierno en distintas ocasiones. De este modo, "se está produciendo un claro perjuicio al candidato", Javier Ortiz López de Ahumada.
El comunicado indica también que esta obligación no admitía demora, pues las resoluciones dictadas son ejecutivas de forma inmediata, como señalan los estatutos del Colegio de Abogados de Lucena y del Consejo Andaluz. De hecho, la primera reclamación que efectuó Ortiz López de Ahumada, en febrero de 2021, no suspendió el proceso electoral, llegándose a celebrar elecciones a los demás cargos de la junta de gobierno a excepción del de diputado primero, pues fue declarada electa otra candidata, precisamente componente de la candidatura conjunta que se presentó para sustentar al decano tras la dimisión de todos los miembros de la junta de gobierno anterior, declaración también anulada por las resoluciones dichas.
El "consciente incumplimiento" por parte del decano de esta obligación de convocatoria y "su empecinamiento antiestatutario" de mantener en el cargo a la diputada declarada electa, a pesar de la anulación de dicha declaración, constituye, a juicio del denunciante, un presunto delito de prevaricación continuada, que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Córdoba, mediante escrito presentado por el candidato afectado el pasado día 19.
