El pasado día 11 de enero, se trataron en el Pleno del Ayuntamiento de Montilla, en la Campiña Sur, tres asuntos que afectan al Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de forma directa. Por lo pronto, la renovación por un año del contrato para la prestación del servicio, que, en opinión del sindicato CTA, no es una cuestión baladí, ya que el pliego de condiciones que regula la licitación pone como requisito esencial que la empresa cumpla con la legislación laboral vigente.
El sindicato ha asegurado que la empresa renovada, Monsecor, SL, "tiene decenas de sentencias condenatorias" por incumplir la ley, incluso con multas por los juzgados de lo Social por el derecho de indemnidad. Eso implica que el Juzgado de lo Social de turno ha entendido que a la trabajadora se le ha perjudicado por reclamar sus derechos judicialmente. Y la firma ha sido multada "en varias ocasiones", y también por incumplir sentencias.
Es más, "ahora mismo tiene un plazo dado por el Juzgado de lo Social para que ejecute una sentencia en concreto correspondiente a no pagar los desplazamientos entre usuarios.
Los servicios sociales han elaborado un informe en el que acreditan, según informaron en el Pleno municipal montillano, que Monsecor, SL no tiene ningún incumplimiento del pliego de condiciones y "eso es totalmente falso", según CTA. Así, los grupos municipales de PSOE y PP, a sabiendas de estas circunstancias, renovaron el contrato por un año, si bien IU no lo hizo.
El segundo asunto, siempre según la misma fuente, es que retrajeron la subida del precio/hora a enero de 2023, por lo que el servicio paso de costar a los contribuyentes 3.008.000 euros a 3.800.000. Es decir, que como liquidación de 2023 el Ayuntamiento le va a inyectar a Monsecor, SL, cerca de 800.000 euros (más de 132 millones de las antiguas pesetas).
Una cuestión que, para el sindicato, "es de dudosa legalidad", puesto que el propio pliego de condiciones y la Ley de Contratos de Trabajo dejan claro que "está prohibido el supuesto restablecimiento del equilibrio económico de la concesión administrativa de los servicios públicos. Aquí, "curiosamente", todos los partidos políticos votaron a favor.
Y en tercer lugar se fijó el precio del servicio para el año 2024 en 3.800.000 euros por una supuesta ampliación del servicio que el gobierno municipal no concretó en qué iba a consistir.
CTA ha querido en su comunicado agradecer la posición de IU en el primer punto y en la defensa de la gestión del servicio público de la Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento, en lugar de empresas privadas que "se dedican a crear precariedad laboral y especular con los servicios públicos".
