La nueva normativa que supone una modificación de la LOUA viene a legalizar edificaciones residenciales situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. La gran mayoría de estas parcelaciones se encuentran en la provincia de Málaga, Almería y también en Cádiz. Con la aprobación de la modificación en el Parlamento el pasado 20 de julio, estas parcelaciones tendrán derecho a acceder a los servicios básicos de luz y agua.
La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Rafi Crespín, ha señalado este miércoles que esta nueva ley "permitirá al máximo la legalización de las parcelaciones" y en el caso de Córdoba, ha dicho, corresponde al ayuntamiento y en concreto a la Gerencia de Urbanismo de "hacer sus tareas" para plasmar esa modificación de la ley. Según Crespín se permitirá la legalización de parcelaciones siempre y cuando "no se incurra en ilegalidad". El PP denuncia que en Córdoba solo podrá acogerse a esta normativa un 10% de parcelaciones.
Respecto a la aprobación del Plan de Vivienda y Rehabilitación aprobado por la Junta de Andalucía, Crespín ha señalado que la primera voluntad del gobierno andaluz fue siempre la de instalar los ascensores en aquellas comunidades que habían demandado esta ayuda. Con la llegada de la crisis, la también delegada del gobierno en Córdoba , ha señalado que se han tenido que adaptar a la nueva situación económica de manera que este Plan solo podrá financiar aquellos trabajos "que podamos llevar a cabo". De esta forma, casi 400 comunidades de vecinos en Córdoba se han quedado fuera de la convocatoria de subvención para la instalación de ascensores. Ante este problema, Crespín ha pedido al resto de administraciones que arrimen el hombro para financiar parte de lo que corresponde a los vecinos de manera que no sean únicamente los afectados los que "carguen con la financiación"
