El Gobierno, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha reducido en 60 millones de euros la financiación que venía otorgando a Correos para prestar el Servicio Postal Universal, un servicio que garantiza el derecho de toda la ciudadanía a recibir correspondencia ya vivan en zonas urbanas, de mucha densidad de población, o en zonas rurales con densidad de población más pequeña, según informa CCOO en un comunicado.
Hasta ahora, la financiación del ente postal, la mayor empresa pública del Estado con 57.000 trabajadores, había sido de 180 millones de euros, cantidad que para CCOO era insuficiente, pero al menos “venía sosteniendo ese Servicio Postal Universal”, comenta la secretaria de la Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba, Eva Lara.
La reducción propuesta por el Gobierno podría suponer la pérdida en todo el Estado de 20.000 puestos de trabajo, de los que 200, aproximadamente, podrían corresponder a la provincia de Córdoba, pero lo más preocupante para el sindicato es que, a la postre, supondría “la quiebra total de Correos”.
El sindicato advierte de que las zonas rurales serán las más afectadas por este nuevo recorte, puesto que en estas zonas el servicio es deficitario y a las empresas privadas no les interesa cubrirlo. “De hecho, la mayoría de las empresas privadas no tienen reparto en esas zonas porque saben que no obtienen ninguna ganancia”, dijo la responsable sindical, que remarcó que sólo Correos puede garantizar que se les preste el servicio al que tienen derecho.
CCOO ha iniciado una ronda de contactos con el PSOE para presentar una proposición no de ley para intentar frenar este recorte, así como con administraciones locales y autonómicas e incluso organizaciones ciudadanas para concienciar a la ciudadanía sobre el peligro que corre su derecho a recibir correspondencia si se produce el recorte previsto por el Gobierno.
Si estos contactos no dieran frutos, CCOO, junto al resto de organizaciones sindicales de Correos, tiene previsto llegar incluso a la huelga general, algo que espera que el Gobierno evite no sólo rectificando el proyecto de PGE sino elaborando un plan logístico para la empresa que garantice su viabilidad hasta 2021, “un plan estratégico que además de subir la financiación del servicio postal a 230 millones de euros convierta a Correos en un operador postal al nivel de los operadores europeos, operadores que ahora mismo cuentan con empresas de paquetería y que están haciendo la competencia a Correos en España”, dijo Lara quien insistió en la importancia de diversificar el servicio y no quedarse centrados en la carta porque “si nos quedamos estancados ahí y encima estamos sufriendo el recorte en la financiación del reparto de esa carta, estamos condenados a la quiebra”.
