La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un varón, de unos 32 años en el momento de los hechos, a penas de 22 años de prisión, unos 50 años de orden de alejamiento y el pago de indemnizaciones de 26.000 euros, por la supuesta comisión de delitos de abusos sexuales sobre tres sobrinas políticas menores de edad, con entre seis y nueve años, en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se da por probado que el procesado vivía con su esposa y sus dos hijas menores de edad en una vivienda ubicada en el citado municipio, concretamente entre los años 2009 y 2011, fechas en las que era "frecuente" que las sobrinas de la esposa del acusado y, por tanto, sobrinas políticas suyas, "acudiesen a dicha vivienda y se quedasen en algunas ocasiones allí a dormir, fundamentalmente cuando ello coincidía con el cumpleaños de una de las hijas del acusado".
En este sentido, fueron dos fines de semana durante dos veranos, los de 2010 y 2011, los que una de ellas acudió al domicilio familiar del procesado, donde en ambas ocasiones pernoctó. En cambio, fueron "muchas más las veces" en las que, por vivir cerca, las otras dos menores "juntas o por separado visitaban el referido domicilio, en el que también pernoctaban esporádicamente".
Al respecto, los magistrados señalan que "cuando las menores se quedaban a dormir, lo hacían en el cuarto destinado a las hijas del acusado, pasando entonces éstas a ocupar, junto con sus padres, el dormitorio del matrimonio", al tiempo que relata distintos episodios de supuestos tocamientos a las menores, "aprovechando los momentos en que se quedaba a solas con cada una de las menores".
En concreto, los jueces indican que para conseguir su propósito, el procesado, "sin emplear ningún tipo de fuerza o intimidación, se valía no sólo de la corta edad de las crías, sino de su condición de tío político de ellas y, a su vez, padre de sus primas, lo que generaba en las menores, aparte de cierta tranquilidad, un desconocimiento del verdadero y completo significado de lo que ocurría, especialmente cuando les recomendaba que no dijesen nada a sus padres o a otras personas, ya que se trataba de un secreto entre ellos".
Cabe destacar que el Ministerio Público solicitó 27 años de cárcel, órdenes de alejamiento de entre cinco y 21 años y el pago de indemnizaciones de 18.000 euros a los padres de las niñas por cada una de ellas. La acusación calificó los hechos como delitos de agresión sexual y pidió penas de unos 31 años y las referidas indemnizaciones. Mientras, la defensa reclamó la absolución.
