La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a M.S.A.L., secretaria-interventora del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Obejo, como presunta autora de un delito de estafa a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el desempeño de secretaria-interventora de administración local durante el tiempo de la condena, tras supuestamente abonarse ésta un anticipo de nómina no autorizado.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados absuelven a la mujer de los delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y prevaricación por los que también fue acusada, todo ello después de que la alcaldesa del Ayuntamiento de Obejo fue quien denunció a la secretaria tras conocerse los hechos.
Al respecto, se da por probado que al menos desde los meses de septiembre y octubre de 2015, la procesada, sin antecedentes penales, ha ejercido el cargo de secretaria interventora del Ayuntamiento. Así, el día 1 de octubre, la alcaldesa le remitió una resolución a través de la que aprobaba el gasto de personal del mes de septiembre y que ascendía a 36.332 euros, para informe de fiscalización. Se trataba de un listado de los trabajadores, de sus documentos nacionales de identidad, de sus números de cuenta bancaria y de la cantidad a percibir.
En este sentido, el día 5 de octubre de ese año, M.S. cursó una solicitud por escrito a la alcaldesa en la que le exponía que "además del abono" de su nómina del mes de septiembre de 2015, solicitaba que le abonaran "anticipadamente" a cuenta de su nómina del mes de octubre de 2015 "el importe de mil euros", dado que necesitaba "realizar varios pagos sin demora", según apuntaba.
Tal petición, según se señala en la sentencia, "fue verbalmente denegada por la alcaldesa". Si bien, el 8 de octubre, la acusada efectuó "un extenso y minucioso informe de reparos al gasto de personal mencionado", y que remitió a la alcaldesa "sin firma". Ese mismo día, la primera edil contestó a tal informe de reparos, "ordenándole la firma del documento de pago de nóminas que ha de ir a la entidad bancaria correspondiente".
Entonces, la procesada supuestamente confeccionó una orden de pago de nóminas del mes de septiembre para dirigirla a la entidad, con la mayor parte de los datos que contenía el documento que le había remitido la alcaldesa, aunque "aparece una nueva casilla" correspondiente a la secretaria con un importe de mil euros y "desaparece una casilla" correspondiente a otra trabajadora, con un importe de 26,64 euros, según explican los jueces, quienes indican que el importe total de gasto es de 37.905,38 euros.
De este modo, el día 9 de ese mes se cursó la orden de pago confeccionada por la acusada "después de haber sido firmada por la alcaldesa, por la tesorera y por ella misma". Todos los trabajadores que aparecen en tal orden de pago, incluida ella, reciben una transferencia a su favor por las cantidades que constan en la misma. Luego el Ayuntamiento le detrajo mil euros de una nómina posterior.
La autorización
Entretanto, la secretaria-interventora manifestó ante los magistrados que tenía autorización verbal de la Alcaldía, al tiempo que defendió que no ha alterado "ningún documento" y subrayó que en los pagos se cumplía "con la normativa" y que el citado dinero se le descontó de su nómina posteriormente.
Cabe recordar que la Fiscalía había pedido penas de cinco años y tres meses de prisión, tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, mientras que la acusación había solicitado unos cuatro años de cárcel, 13 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros y la defensa, la absolución. El juicio ya fue suspendido en febrero tras no presentarse la procesada.
