El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado hoy una petición al Gobierno central para que dentro de la separación de poderes y de sus estrictas competencias, eleve consulta a la Abogacía General del Estado y a la Fiscalía General del Estado la campaña de acoso ideológico emprendida por organizaciones ultras hacia representantes públicos por intentar cumplir con el ordenamiento jurídico en vigor.
Según ha explicado Mulet, "bajo el pretexto de la defensa de los sentimientos religiosos, existen organizaciones ultras que se dedican a acosar sistemáticamente a alcaldes y alcaldesas y todo tipo de dirigentes públicos, con querellas insostenibles, por algo tan básico como retirar elementos y símbolos franquistas de los espacios públicos, por respetar la libertad de expresión artística, o simplemente por hechos aparentemente inocuos ideológicamente como colgar banderas LGTBI desde balcones públicos".
Es el caso, por ejemplo, del caso de la cruz de Aguilar de la Frontera, retirada por el gobierno de Carmen Flores (IU), cumpliendo un mandato legal y que ha provocado amenaza de ir a juicio por parte de un colectivo denominado Abogados Cristianos, con el apoyo constante de representantes de Vox en el propio municipio.
Para Mulet, la táctica de estas organizaciones es imponer un estado de terror permanente hacia munícipes demócratas, con una campaña de acoso en redes (que se transforman en spam y acaban convirtiéndose en linchamientos en las redes), y presentación de todos tipo de denuncias en los juzgados que, si bien por norma general acaban archivándose, causan una gran inquietud personal y desgaste psicológico a las personas afectadas, además de los gastos de defensa jurídica y la llamada pena del banquillo.
El parlamentario valencianista ha afirmado que este tipo de acoso ideológico sistemático supera lo permisible. "Obviamente, si alguien, cualquier entidad, ve atacados sus intereses, tiene todo el derecho a acudir a la justicia, pero cuando esta táctica se convierte en un acoso sistemático a quien se limita a cumplir con un principio básico de nuestro Estado de Derecho, como es la aconfesionalidad del Estado, roza lo permisible e igualmente puede estar entrando en presuntos delitos de acoso ideológico".
Mulet ha recordado cómo él mismo ha sufrido acoso en primera persona por este tipo de organizaciones "simplemente por hacer público el coste que genera la presencia de religiosos en los centros sanitarios públicos, he sufrido campañas en redes de difamación, acompañadas por bombardeo sistemático del correo electrónico al cual se han tenido que aplicar filtros para evitar la saturación, y bloquear a miles de perfiles en redes que alentados por este tipo de campañas se han dedicado al ataque personal".
El representante de Compromís ha pedido al Gobierno que, en defensa de los alcaldes atacados por estas entidades integristas, traslade a la Abogacía y a la Fiscalía Generales del Estado estos casos para dar amparo legal a los representantes públicos víctimas de estas campañas, y estudiar si este tipo de prácticas pueden ser constitutivas de delitos y actuar en consecuencia.
Igualmente, ha querido mostrar el apoyo a estos dirigentes en la diana de estas campañas. "Esperemos que este tipo de acoso no quede impune y se pueda resarcir el sufrimiento al cual se les está sometiendo por algo tan básico como cumplir la ley", ha sentenciado.
En esta larga lista de 'agredidos' hay casos como el de la Drag Sethlas, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, el alcalde de Cádiz, el Ayuntamiento de Callosa de Segura, el alcalde de Betxí, la alcaldesa de Vall d’Uixó, la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, el Ayuntamiento de Cáceres, o el actor Guillermo Toledo, entre otros muchos.
