sábado 23.01.2021
Cordoba Hoy

CONTRA EL PROYECTO DE DECRETO

El comité del personal laboral en Educación defiende ante la Junta el servicio público

La protesta pretende que el servicio de lengua de signos y necesidades especiales debe prestarse por el personal estructural de cada centro, como dicta la Ley, y no por empresas privadas

Comité de empresa del personal laboral de Educación en la Junta
Comité de empresa del personal laboral de Educación en la Junta
El comité del personal laboral en Educación defiende ante la Junta el servicio público

El comité de empresa de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba se ha manifestado esta mañana a las puertas de la Administración andaluza para denunciar el Decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de lenguaje de signos.

Hay más. También han señalado la "nefasta gestión de las sustituciones del personal que, por distintas razones causa baja en su puesto de trabajo", ya que los centros educativos de la provincia "tienen bajas sin sustituir desde el pasado mes de octubre".

Igualmente, han reclamado la cobertura de todas las vacantes que desde hace meses, y en el peor de los escenarios que se está viviendo en los centros escolares por la pandemia, no se está haciendo. "Son vacantes que quedan tras las jubilaciones o tras procesos selectivos o por salud laboral, y que al no cubrirse ocasiona sobrecarga sobre las plantillas ya diezmadas que quedan en los centros", ha advertido el comité. 

El comité de empresa rechaza el proyecto de Decreto porque ni la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, ni la interpretación de lengua de signos son han de ser considerados como sericios complementarios, yas que "son servicios educativos públicos".

Por tanto, en opinión del comité, el Decreto no puede sustituir a la Ley, la cual ya recoge cuáles son los servicios complementarios, y que son comedor, aula matinal o las actividades extraescolares.

"El objetivo de este Decreto es que la Agencia Pública Andaluza de Educación pueda contratar al personal que va a atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), cuando es la Ley de Educación de Andalucía la que establece que son los profesionales técnicos de integración social (PTIS) y los intérpretes de lengua de signos (ILSE), personal de atención educativa, los que que están atendiendo al alumnado dentro del aula", señala el comité.

Éste es un servicio fundamental para la educación de los chicos y chicas que debe prestarse por el personal estructural de cada centro, como dicta la Ley, y no por empresas privadas.

Este Decreto pretende, de la mano del Gobierno andaluz, seguir afianzando la privatización en la educación pública, con lo que se va a perjudicar tanto al alumnado como a las familias, además de precarizar a los profesionales de la enseñanza que la realizan. 

En la provincia de Córdoba son 195 personas las que realizan funciones de PTIS. De ellas 129 lo hacen contratadas por empresas privadas, y 66 son de la Junta de Andalucía. Las 19 ILSE son de empresas privadas. Al ser este personal altamente feminizado (un 90%) se agrava la situación de precariedad y temporalidad de las mujeres trabajadoras andaluzas. En opìnión del comité, con este Decreto la Junta agranda la brecha de género y empobrece a las mujeres andaluzas.

Desde el comité "exigimos que la atención educativa al alumnado con NEE se preste por empleadas y empleados públicos, y reclamamos la reversión al empleo público de los puestos externalizados, en condiciones de calidad y a jornada y años completos, y cuyo acceso a los mismos debe regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

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