"Somos prácticamente familia. Estamos todos los días tres horas en domicilios con problemas graves de salud, mentales, psicológicos, ayudando a las propias cuidadoras, porque con eso de tener a un enfermo en casa también necesitan de nuestra ayuda también ellas. Somos psicólogas, amigas, madres, enfermeras... Somos de todo. En los pueblos pequeños realizamos una labor sociosanitaria tremendamente importante, que ni se nos paga ni se nos reconoce".
Es la voz de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Concretamente las que están contratadas por la multinacional Clece, de Florentino Pérez, en Montoro, La Rambla, Rute y Doña Mencía, que han anunciado paros de dos horas, de 11.00 a 13.00 horas el próximo 30 de noviembre y los días 5, 7 y 9 de diciembre para hacer valer que la empresa que las tiene contratadas "nos escatima lo que es nuestro por derecho propio". En cifras, hay 47 trabajadoras para 115 usuarios y usuarias del servicio en Doña Mencía; Rute suma 135 trabajadoras y la nada inestimable cifra de 504 usuarios; en La Rambla son 60 trabajadoras para 200 personas necesitadas, mientras que en Montoro hay 114 auxiliares.
El portavoz de CTA en Córdoba, Paco Moro, lo ha explicado: Esta multinacional está obligada, desde el pasado 1 de enero, a pagar unos atrasos del 6,5% de subida salarial, tras dos años, 2020 y 2021, sin subida de ningún tipo. ¿De dónde sale ese 6,5%? "El convenio establece que si el PIB supera el 2%, y el pasado año estuvo en el 4,5%, hay que pagar el IPC real y el cálculo sale el 6,5%", aclara.
El problema es que Clece es la única que se está negando a abonar esa actualización y únicamente lo ha hecho en el mes de octubre, mientras que todas las demás "ya lo están haciendo", ha asegurado Moro, quien ha destacado la incoherencia de Clece al negarse a abonar esa cantidad desde enero, pero sí lo ha hecho en un mes. De igual forma, la firma de Pérez es la única que se ha negado a que se publicaran las tablas salariales en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "según me dijeron en la propia federación de la patronal de su sector, que tiene su convenio colectivo", si bien esas tablas se publicaron por fin el pasado martes.
Entre tanto, como indica Moro, las trabajadoras que están ahora en incapacidad temporal, por no cotizar Clece lo debido con respecto a la subida, cobran menos. Lo mismo ocurre con las que se están jubilando, las que están en una incapacidad permanente o las trabajadoras que van al desempleo, porque son eventuales.
Clece tiene el servicio en siete municipios de la provincia, pero en esos cuatro la CTA tiene la totalidad o la mayoría del comité de empresa: Cinco de cinco en Montoro, cinco de cinco en La Rambla, tres de tres en Doña Mencia y siete de nueve en Rute. Los demás están controlados por CCOO.
"Si no quieren que haya paros, Clece debe llegar a un acuerdo en el Sercla el día 28, que tenemos la reunión para negociar el motivo de la huelga". Ayer, varias representantes de las trabajadoras y el propio Paco Moro estuvieron en el Sercla para negociar los servicios mínimos, de los que esperan que no sean abusivos. "La huelga no para hacer daño a los usuarios, sino para manifestar ante la opinión pública que hay una empresa concesionaria de unos servicios públicos que se está comiendo los dineros de las trabajadoras, y en esas dos horas sólo hay limpieza y acompañamiento, sin levantamiento, ni comidas ni nada de eso", ha expuesto.
El temor del líder sindical cordobés es que la Dirección General del Trabajo de la Junta de Andalucía, "en su tónica habitual", no prohíba la huelga, pero sí determine unos servicios mínimos del 60% que son 40 minutos de trabajo sobre una hora. "Según como lo plantea la Junta, el servicio en realidad lo tienes que prestar, y condensas todo en menos tiempo", pero "esperamos que en esta ocasión no nos haga esa jugada, porque estaremos dispuestos a ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" (TSJA).
Otros elementos que se incumplen por parte de Clece son los desplazamientos entre usuarios, que lo debería abonar Clece, pero que al final lo pagan los usuarios porque se les quita tiempo de prestación de servicios (de una hora pasan a 50 minutos). De igual modo, y ya que las trabajadoras están mas de seis horas de trabajo, por el Estatuto de los Trabajadores deberían tener 15 minutos de bocadillo y "ni se lo reconocen ni se los pagan". Los desplazamientos a las aldeas con automóvil propio o de cualquier otro modo se calcula a 0,18 euros por kilómetro, "que es una porquería, pero tampoco se lo pagan", y, así, por ejemplo, "hay trabajadoras en Rute que ponen dinero de su bolsillo para poder trabajar prestando el servicio bien".
No es sólo una situación puntual, por tanto. Olga Luque, de La Rambla, estima que el problema de la ayuda a domicilio se resuelve con una municipalización del servicio. Eso implica que se hiciera público con una gestión directa del Ayuntamiento. De este modo dejarían de ser trabajadoras de Clece, y su intención es que se haga de forma general, contando, además, con un convenio propio provincial.
¿Qué falla? "La voluntad política". Además, cada municipio podría hacerlo por su parte. "Montalbán, que lo tenemos muy cercano a La Rambla, se ha hecho con gestión directa desde siempre y con su convenio propio, y el servicio se ha prestado siempre sin problemas ni para usuarios, ni Ayuntamiento ni trabajadoras".
En Montoro, por ejemplo, el próximo 31 de diciembre expira la licitación a Clece, pero "la voracidad de estas empresas es la misma tengan el nombre que tengan", explican.
Esto ha llevado a que se hayan convocado manifestaciones en estos cuatro pueblos. En Rute será el día 19, a las 11.00 horas, desde la ludoteca hasta el Ayuntamiento. En Montoro será el día 30, con una concentración en la explanada de la Feria, de 11.30 a 13.00 horas. De igual modo en la Rambla será el día 30, con una concentración en el Ayuntamiento, a las 20.00 horas, aprovechando que se celebra el Pleno municipal.
Todas miran al ejemplo de lo ocurrido el pasado día 12 en Doña Mencía. Un pueblo de unos 4.000 habitantes, que llegó a concentrar en apoyo de estas trabajadoras a unas 300 personas, controladas por 15 agentes de la Guardia Civil. "Fue un exitazo", recuerdan.
"Acudieron todas las trabajadoras y sus familiares, pero también usuarios, incluso en sillas de ruedas y sus familiares, y contamos con el apoyo del Ayuntamiento y de los partidos políticos, porque saben que la situación es injusta, que sólo hay una empresa con especulación y nosotras hacemos una servicio sociasanitario muy importante a la sociedad; quizá la más importante que se puede llevar a cabo en los pequeños pueblos, que es tratar a las personas dependientes".
