El vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba y presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Salvador Blanco, ha señalado que "durante 2016 se tramitaron un total de 122 expedientes, de los cuales se emitió certificado positivo para 107 de los casos de familias analizadas, resultando una compensación total de deuda de 214.247 euros, que supone la aplicación del 95 por ciento del presupuesto inicialmente asignado".
Así, "en el primer semestre de 2017, y dando continuidad al trabajo desarrollado durante el pasado año, está previsto revisar 202 expedientes adicionales que podrían ser beneficiarios del mencionado programa", ha recordado Blanco.
Según informa el organismo supramunicipal, el Consejo de Administración de Emproacsa aprobó, en su sesión celebrada el 30 de marzo de 2016, el programa de aplicación del Fondo Social con el que se persigue garantizar el suministro a aquellas personas o familias que, por encontrarse en situación de exclusión o emergencia social, no pueden hacer frente al pago de las facturas, destinando un presupuesto inicial de 226.329 euros.
Este programa es de aplicación a usuarios domésticos --familias-- que mantienen cualquier tipo de deuda vencida y que cumplen los requisitos establecidos por el Instituto Provincial de Bienestar Social y acreditados mediante la emisión por parte de los Servicios Sociales Comunitarios del informe que certifique que la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo o vulnerabilidad social.
Asimismo, la Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Diputación de Córdoba para el presente año, en los 49 municipios y tres entidades locales autónomas (ELA) adheridos al ciclo integral del agua gestionado por Emproacsa, introduce la figura del Suministro Mínimo Vital, de manera que casi 170.000 ciudadanos repartidos en los aproximadamente 85.000 suministros de ámbito provincial tienen garantizados 100 litros diarios gratuitos por miembro de la unidad familiar para satisfacer sus necesidades básicas, siempre que los servicios sociales comunitarios acrediten su situación de riesgo o vulnerabilidad social.
Los requisitos para que una familia sea beneficiaria de un Suministro Mínimo Vital son equivalentes a los del programa de aplicación del Fondo Social, por lo que desde el 1 de enero de 2017 son 107 los suministros que de manera automática han pasado a estar adheridos a esta modalidad.
En palabras de Blanco, "las medidas y el grado de ejecución alcanzado durante 2016, así como las nuevas acciones de este año colocan a Emproacsa en la vanguardia de los mecanismos de acción social de los que se están dotando las empresas del sector para dar respuesta a las crecientes demandas de la sociedad, materializando de manera palpable nuestro compromiso con el Pacto Social del Agua y las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz".
De esta manera, "se ha conseguido y se ha podido garantizar que ninguna familia se vea privada de este suministro básico por razones económicas", ha concluido el presidente de Emproacsa.
