El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba denuncia que dos alumnos sordo-ciegos andaluces, que necesitan a un intérprete de lengua de signos dentro del aula junto al profesor, han empezado el curso escolar sin este recurso que iguala la situación comunicativa entre todos los agentes del centro aún cuando estaban matriculados desde junio y se conocían sus necesidades.
El secretario General del mencionado sindicato provincial, Fco. Javier Delmás, señala que esta situación constituye “una prueba fehaciente del fracaso del actual sistema de contratación de los intérpretes de lengua de signos en los centros educativos públicos de Andalucía”, un sistema por el que se ha privatizado un recurso que está contemplado como Personal Laboral pero para el que aún no se han dotado las plazas correspondientes.
Delmás afirma que la puesta en manos de empresas privadas de la gestión de este personal hace que “algo tan fácil como asignar el recurso al centro en el que el alumno está matriculado desde finales del curso pasado se convierta en un proceso complicado y poco flexible, cosa que no ocurriría en caso de que la gestión fuese asumida directamente por la Administración educativa”.
Esta situación vulnera los derechos de este alumnado, pero también los de los alumnos que han comenzado el curso con un intérprete que, al haberse incorporado a su puesto el mismo día en que se inician las clases y no el 1 de septiembre como el resto del personal del centro educativo, no ha podido acceder a la información y preparación previas, incluidos conocimiento del centro, horario, material de las asignaturas, coordinación con el profesorado y preparación de los contenidos para afrontar el inicio de las clases con garantía comunicativa para el alumnado y el profesorado.
No son sólo los alumnos los perjudicados por la privatización de este servicio, sino que el sistema contribuye a acentuar la precariedad laboral de este colectivo de profesionales puesto que la asignación de los centros se produce sin la oferta real y completa de los mismos, aunque se conozcan las necesidades que va a haber desde junio, lo que imposibilita una asignación justa en función de sus méritos y experiencia por no mencionar la constante incertidumbre sobre su futuro laboral.
Para CCOO, todo esto supone “una falta de respeto y un menoscabo contaste de la dignidad laboral de estos profesionales que vienen desarrollando una labor que va más allá de lo esperable y que le vienen salvando la cara a la Administración educativa de la Junta en materia de discapacidad auditiva a la hora de conseguir la educación igualitaria e inclusiva de este alumnado que constantemente pregona”, remarca el responsable sindical para quien queda claro que “con el actual sistema, la igualdad y la inclusión brillan por su ausencia”.
