El pleno del ayuntamiento de Lucena ha aprobado por unanimidad, una propuesta de la alcaldía que supone la declaración de nulidad de un decreto de este mismo órgano municipal fechado en junio de 2015 por el que se disponía la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, de la pareja formada por la ciudadana española María del Valle A. y Diego L., este último de nacionalidad colombiana, tras comprombarse que la mujer ya estaba casada previamente con otro ciudadano también colombiano, figurando su unión matrimonial desde hace más de nueve años en el Registro Civil de Mazarrón e incumpliendo por tanto lo establecido en el artículo 3.2.b de la ley de Parejas de Hecho, lo que se tradujo inmediatamente en la denegación de la tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada por el ciudadano colombiano, aspecto que parece ser el fin último de esta inscripción.
El asunto, considerado como un caso de bigamia, ha tenido un amplio trámite administrativo de casi un año de duración, que, previo al acuerdo plenario, ha requerido una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, que ha dictaminado en favor de de la nulidad de esta pareja de hecho, considerando que ha quedado demostrado que el objetivo del primer matrimonio no era otro que el de conseguir la autorización de residencia en España de un ciudadano extracomunitario, fin que también parece que perseguía esta segunda unión certificada en el ayuntamiento de Lucena.
El asunto ha acabado además con la apertura de diligencias judiciales contra la mujer por un presunto delito contra las relaciones familiares y otros dos, contra el derecho de los trabajadores y por falsificación de documentos. Las diligencias abiertas también podrían alcanzar a su ya ex-pareja de hecho y su todavía marido, con el que apenas mantuvo contacto durante unos meses pese a lo dilatado de su unión matrimonial, por lo que se también se sospecha que pudiese tratarse de un matrimonio de conveniencia que podría conllevar la pérdida de su actual permiso de residencia en España.
En su defensa, la mujer argumentó motivos económicos para no finiquitar en su día la relación con su todavía marido, con el que no mantiene contacto.
