La Guardia Civil ha estimado una solicitud indemnizatoria planteada por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tras haber sido declarado insolvente el autor de los disparos de escopeta con cañones recortados en la localidad de Montalbán de Córdoba realizados contra dos agentes desde el interior de la vivienda donde se atrincheró en 2015.
En una nota, los servicios jurídicos de AUGC detallan que plantearon una solicitud por la vía de resarcimiento para uno de los dos guardias civiles heridos por los disparos al haber sido declarado insolvente el condenado por la sentencia de la Audiencia Provincial.
Al respecto, el general jefe del Instituto Armado en Andalucía ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente a "ser resarcido por la administración, abonándole los 1.429 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños y secuelas causados por los disparos".
Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2015, y respecto a la actuación del guardia civil ahora indemnizado se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial que "el agente procedió a evacuar a su compañero herido sacándolo a la calle y colocándolo en una zona segura para a continuación y con intención de detener al acusado volver a acercarse a la puerta del inmueble, momento en que el acusado y con el mismo ánimo de matar volvió a disparar, recibiendo éste el impacto en el brazo y costado derecho".
El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha valorado la resolución administrativa y ha declarado que "la Guardia Civil no podía sino estimar la pretensión planteada, porque es evidente que a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos".
Además, ha apuntado a "la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio", teniendo en cuenta que el agente afiliado a AUGC sufrió por causa de su actuación pública unos daños, "correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas".
La sentencia condenó al autor de los disparos como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, a penas que suman 34 años, así como a indemnizar a los guardias civiles heridos en diversas cantidades económicas que suman más de 500.000 euros.
