La portavoz adjunta de 'Por Andalucía', Esperanza Gómez, declara la necesidad de facilitar, desde las instituciones y la distribuidora de la red eléctrica en nuestra comunidad autónoma, Endesa, los trámites burocráticos para desarrollar comunidades energéticas en Andalucía y pone en relevancia el ejemplo de la provincia de Córdoba, como referente en el impulso de cooperativas en este ámbito, "gracias a la incansable labor de Faecta".
"Casi el 80% del presupuesto de las ayudas en líneas de creación de comunidades energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía se queda sin ejecutar, debido a la dificultad burocrática existente. Pero, ojo, cuando hablamos de facilitar los trámites no nos referimos a la tropelía que el Gobierno andaluz ha aprobado esta semana, que es más una ley para la proliferación de chiringuitos que una norma para ayudar al ciudadano de pie", reprocha Gómez.
De hecho, tras una reunión mantenida con el presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta), Francisco Molina, y su director provincial de Córdoba, Rafael Santiago, la portavoz en la comisión de Industria, Energía y Minas ha podido conocer de primera mano el ejemplo de la provincia, en cuanto a su modelo de comunidades energéticas cooperativas, con 15 proyectos en marcha, para generar energía verde y local en distintas comarcas, y la inversión de cerca de 12 millones de euros procedentes de las Ayudas IDAE.
En este sentido, Esperanza Gómez ha destacado la necesidad de exportar el modelo cordobés al resto de Andalucía y celebra que FAECTA tenga en su hoja de ruta, desarrollar este modelo en las otras provincias, cuyo éxito reside en dos factores clave, por un lado, "la creación de un ecosistema político transversal favorable, para que cada comarca asumiera, como suya, la iniciativa", junto al trabajo de incorporar a las personas ya hecho, "sabiendo que en el momento en el que realizan la inversión, empiezan a disfrutar de las ventajas de la autoproducción eléctrica cooperativa".
"Hay que caminar en esta dirección. Socializar los proyectos para que cada consistorio decida el reparto del consumo. Por ejemplo, en la capital, el Ayuntamiento de Córdoba es socio de uno de los proyectos, aportando suelo público, y con el compromiso de que parte de la energía generada se destinará a familias vulnerables", explica Francisco Molina.
"Falta cultura, pedagogía, para desarrollar comunidades energéticas ciudadanas, muchos Ayuntamientos consideran que vendiendo terrenos a empresas comercializadoras para que instalen placas ya han hecho su labor, pero una comunidad energética ciudadana, va más allá, es un compromiso con la ciudadanía, democratizando el acceso y la gestión de la energía. Es una auténtica revolución", concluye la parlamentaria.
