Adelante Andalucía pedirá al Gobierno andaluz que investigue los protocolos anti Covid-19 puestos en marcha en la residencia DomusVi de Puente Genil, donde la evolución de los contagios ha alcanzado niveles alarmantes con más de un centenar de personas afectadas entre residentes y trabajadores y donde ya han fallecido 21 personas en menos de un mes.
La parlamentaria de Adelante por Córdoba, Ana Naranjo, y el portavoz de IU en el Ayuntamiento de la localidad, Jesús David Sánchez, han mantenido una reunión con familiares de personas usuarias de la residencia para conocer de primera mano su situación y trasladarla al Gobierno de Moreno Bonilla a través de una serie de preguntas parlamentarias.
Tras el encuentro, Naranjo ha calificado de "demoledores" los testimonios de personas que han perdido a seres queridos en la residencia o que viven con la preocupación y el miedo a perderlos. La parlamentaria andaluza trasladará al Gobierno de PP y Cs la situación que retratan, de la que destacan "la falta de transparencia y los insuficientes recursos con los que ha contado el personal de la residencia para hacer frente a los brotes", ya que "pese al esfuerzo de las auxiliares, no se ha podido evitar que los contagios se produjeran ni que las complicaciones de la enfermedad acabaran con la vida de sus mayores".
"Nos consta que las trabajadoras han estado desbordadas por la falta de personal, agravada cuando se producían contagios entre la plantilla", afirman, y señalan que "si la empresa no pone recursos a disposición de la emergencia debe hacerlo la administración". Cuestionan si la medicalización de la residencia se hizo acorde a las necesidades de personal y medios del centro, e instan al Gobierno andaluz a investigar lo que está sucediendo para prevenir nuevos casos y evitar que vuelva a repetirse. Desde Adelante ven "lógicas" las dudas que muestran los familiares acerca de los protocolos de prevención que se han puesto en marcha en la residencia, donde además "la falta de información sobre el estado de salud de las personas usuarias ha sido y sigue siendo una constante".
La grave situación que vuelven a atravesar las residencias de mayores, que ya en la primera oleada se retrataron como un punto negro sobre el que extremar precauciones, merece "una profunda reflexión sobre el modelo de gestión de estos centros, que deberían ser controlados por la administración pública para garantizar el bienestar de las personas usuarias y de sus familias por encima de todo".
Naranjo considera que el Gobierno andaluz "no puede mirar hacia otro lado mientras las familias atienden con dolor y desasosiego la evolución de los contagios, sin la posibilidad de saber cómo se encuentran sus mayores enfermos", ni "depositar la responsabilidad de lo que ocurre sobre los hombros de las trabajadoras que, exhaustas, están en primera línea de fuego haciendo más de lo que sus fuerzas les permiten y procurando todas las atenciones que pueden".
