La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha mostrado su apoyo y solidaridad con el claustro del ÍES Luis Carrillo Sotomayor en Baena ante la denuncia realizada por una actividad celebrada con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "No vamos a permitir que se señale al profesorado en esta comunidad autónoma y esperamos que las instituciones y el gobierno andaluz tome medidas para que estas situaciones dejen de producirse en nuestra comunidad".
Según ha señalado Naranjo, "este tipo de denuncias o campañas, como 'Hazte oír' , son consecuencia de esta normalización que PP y Ciudadanos han hecho de la extrema derecha, de VOX, dentro de las instituciones, porque incitan a la vulneración de derechos básicos y porque intimidan a todos los docentes y equipos directivos".
Desde Adelante Andalucía "instamos a la Fiscalía General del Estado a que de las instrucciones pertinentes para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite". También se pide al consejero de Cultura, Javier Imbroda, que "ampare a la comunidad educativa ante estos ataques de su socio de gobierno para garantizar que no vuelvan a repetirse". "No podemos tolerar estas manifestaciones de odio hacia los avances para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y mucho menos en un centro educativo".
Propuestas peregrinas que van a atacar la igualdad
Cabe destacar que "esta actividad, que ha sido denunciada por una familia de un alumno de secundaria, cumplía todos los requisitos de las instrucciones que mandó la propia Junta de Andalucía para el 25N, para alcanzar la igualdad y para trabajar la coeducación en el aula".
Según la parlamentaria, "tenemos que recordar que esos temas transversales, como es la coeducación, son tan importantes como las materias instrumentales, tales como Matemáticas o Lengua, ya que todas forman parte del curriculum educativo".Naranjo ha insistido que "toda esta situación es consecuencia de esas propuestas peregrinas que van a atacar la igualdad entre hombres y mujeres, que lanza Vox y que compra el gobierno de la Junta de Andalucía, como es el caso del PIN Parental, porque da la impresión que los padres y madres tienen que autorizar, o no, lo que el alumnado trabaja en la clase, cuando los contenidos que trabajamos los docentes vienen establecidos por el propio profesorado, por las administración competente educativo, tanto a nivel nacional como autonómico".
