ACUERDO PARA EVITAR EL DESALOJO

Stop Desahucios logra por vez primera negociar directamente el alquiler social con una promotora en lugar de una entidad bancaria

Se ha dado durante un juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial contra una mujer que había ocupado con sus dos hijos una vivienda de Caja Rural en la calle Pintor Palomino

Acto reivindicativo del colectivo Stop Desahucios
photo_camera María Teresa Hinojosa, en el centro, con miembros de la Plataforma Stop Desahucios

"Estoy muy contenta y muy nerviosa por el resultado". Se trata de María Teresa Hinojosa, que esta mañana ha estado en un juicio en la Audiencia Provincial de Córdoba acusada de ocupar una vivienda de Caja Rural en la calle Pintor Palomino, en el barrio de Huerta de la Reina, junto con sus tres hijos, de 12, 8 y 7 años, y que finalmente ha quedado en una falta leve y en la posibilidad de negociar directamente con la promotora, Ruiz Reines, un alquiler social.

En su caso, llevan en esa casa viviendo dos años y medio, pero antes estaban hacinados con sus padres y otros dos hermanos en una vivienda con tres habitaciones. "Me llevo muy bien con mi familia, pero no podía aguantar más la situación de vivir con mis tres hijos en una habitación", ha explicado la mujer.. Por eso decidió ocupar la casa tras haber comprobado que llevaba "hasta siete años sin venderse una vez hecha".

"Se trata de la primera vez que se da esta posibilidad en Córdoba y muy probablemente en España, y esperamos que ahora las demás promotoras hagan lo mismo sin necesidad de tener que negociar con las entidades bancarias", ha explicado, por su parte, Eugenio Rosa, de la plataforma cordobesa. Según su compañera Cristina, el juicio en concreto contra María Teresa Hinojosa "ha salido muy bien, como esperábamos, porque era un delito de usurpación y la juez considera que no es una falta grave, con una multa de tres a seis meses más el desalojo".

Sin embargo, Caja Rural, la supuesta dueña de la vivienda no se ha personado, aunque sí la promotora, que ha vendido las demás viviendas que no son de la parte accionista de Caja rural mientras que para este caso "nos ha dicho que nos pongamos en contacto con el banco para negociar un alquiler social para esta familia, que ya se está haciendo en otros casos".

Pasado mañana, volverá a celebrarse otro juicio por ocupación de vivienda, con la salvedad de que es la Fiscalía la que ha actuado de oficio contra la mujer que la ha ocupado, "después, incluso de que se hubiera llegado a un acuerdo con el banco para un alquiler social, lo que supone un ejemplo más de criminalización de casos que, en teoría, ya han sido resueltos", ha abundado Rosas. En este caso, el activista de Stop Desahucios ha pedido "más sensibilidad" con esta problemática por parte del Ministerio Fiscal cordobés cuando el conflicto ya se ha resulsto de forma amistosa por ambas partes.