En el Patio de Gabriel Celaya, en el corazón de Las Moreras de Córdoba, se está viviendo un doble drama con dos familias, una del portal 16 y otra del portal 19, a las que hoy mismo han visitado por la mañana ocho agentes de la Policía Nacional y con muy pocos modales les han comunicado que mañana, miércoles, entre las 09.00 y las 10.00 horas, tiene que desalojar sus viviendas por las buenas o serán expulsadas por las malas.
"Me coincide con las vuelta del colegio de los niños", de 6 y 2 años, "así que me puedo encontrar que al volver ya no tenga una vivienda", ha señalado desesperada Lourdes Santiago Cortés, que viene en el 1º A del bloque 19. Su caso ha sido relativamente una desagradable sorpresa, porque desde la militancia de Podemos Córdoba se tenía constancia de que era "urgente" solventar el caso de Samara Rodríguez del Toro, con dos hijas de 20 días y 4 años a su cargo, y que habita en el bajo-D del bloque 16, pero el suyo se supo ayer mismo, cuando asomó por la puerta de la casa de Samara y dijo que ella y su familia estaban en el mismo caso.
Tanto es así que coinciden en muchos detalles. En ambos casos hay ocupación 'consentida' por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) del local desde hace ya cuatro años y en ese tiempo, lo han habilitado lo mejor posible hasta convertirlos en lo más parecido a un hogar. Las dos tienen dos hijos a su cargo, y las dos tienen como ingreso principal el ingreso mínimo vital (IMV), al tener reconocidas sendas situaciones de vulnerabilidad.
De igual modo a ambas los vecinos las quieren en su bloque, porque ni dan problemas ni dejan de contribuir con la comunidad de su bloque y mantienen las zonas comunes. Igualmente tienen escolarizados a sus niños y niñas y ya estaban teniendo cierta sensación de estabilidad cuando les ha llegado el mazazo de golpe a ambas.
Coinciden también en una situación curiosa: Y es que son las mujeres de la casa las que están sacando las castañas del fuego a la familia moviéndose como pueden para solventar su situación. Eso significa que llevan años solicitando una vivienda social y entre medias tuvieron la ocasión de entrar en viviendas que habían sido abandonadas por sus antiguos inquilinos por diferentes circunstancias. Y lo hicieron. No lo niegan. "En circunstancias tan lamentables no dejas pasar una oportunidad como ésa".
Pero una gran diferencia, inmensa incluso, es que Samara tiene a su madre, María del Mar Del Toro, en el mismo bloque y le ha ofrecido su casa. Que significa hacinarse aún mas en su pequeña vivienda "dejándole a ella mi cama y yo durmiento en un colchón en el suelo si es necesario", ha señalado la mujer con total resignación y sin pánico en los ojos.
Por contra, Lourdes Santiago Cortés carece de padre (se fugó con una mujer y no lo ha vuelto a ver), mientras que su madre está de ocupa en Lucena. "La han echado como a mí, tiene problemas mentales, que lo tiene reconocido, con una pensión de algo más de 400 euros, así que en mi caso es que me voy a la calle directamente porque no tengo otra cosa". Tiene, también minusvalía reconocida en un 34%, pero no cobra la pensión al no llegar al 65%, pero va tirando con los 670 euros del IMV. "Estoy inscrita como demandante de empleo, me muevo y trato de buscar algo de trabajo, y es lo que hay", indica igualmente resignada.
La presencia policíal de esta mañana, tras el largo puente festivo ha sido como un jarro de agua fría. Habían sido informadas por carta hace 10 días de que iban a ser expulsadas, "por no esperábamos que fuera tan pronto". Samara señala que le dio un ataque de ansiedad esta mañana antes los agentes que le comunicaron la situación y que les dijo que "se iba a morir si la echaban". "Ahórcate", fue la respuesta de uno de ellos, según la mujer.
"Yo he hablado con Eva, de AVRA, esta mañana, y fue ella la que me dijo que entregara voluntariamente la llave a los policías que iban a venir", explica Lourdes. "Yo no me niego, porque no quiero conflictos ni problemas con nadie, y la entrego siempre y cuando me den alguna tipo de alternativa; si yo tuviera algún sitio donde estar de verdad no me esperaría a que llegaran esos señores como han llegado esta mañana". Es decir, "de muy malas maneras, asegurando que no les importaba mi circunstancias, porque ellos son unos mandados por un juez y tienen que cumplir su trabajo".
En estas circunstancias, recogiendo enseres del interior y almacenándolos delante del portal se las han encontrado las dos concejalas de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas y Mercedes Muñoz, quienes se han puesto manos a la obra para tratar de solventar con toda la urgencia del mundo la situación y evitar los lanzamientos.
Podemos tiene constancia de que AVRA lleva madurando una estrategia de expedientes de desahucios desde hace ya un par de años y ya los están aplicando con expedientes administrativos ya autorizados y otros en vías de en los juzgados. Son expedientes que afectan a viviendas de titularidad pública, concretamente al parque público de viviendas para alquiler social, y como consecuencia de la crisis económica de 2008, de la hipoteca subprime (de alto riesgo) y la quiebra de los sistemas financieros, agravado con la actual crisis sanitaria y social por la Covid-19, por lo que estas familias avanzadas con lanzamientos no han podido ni siquiera levantar cabeza.
Muñoz ha indicado que si bien es verdad que son viviendas de la Junta, una parte importante de la culpa de esta situación es del Ayuntamiento y "su falta total de política de viviendas que hubiera impedido situaciones como éstas". El caso es que, por ejemplo, la familia de Samara, lleva muchos años solicitando su vivienda social, antes de que AVRA naciera, desde 2007, con peticiones reiteradas a Prosur, a Indra o DNB, empresas a la que la Administración pública les subcontrató la gestión y los procedimientos de acceso a la vivienda.
La edil de la formación morada ha recordado que "hay un Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que insta a la paralización de un lanzamiento cuando hay menores y existe situación de vulnerabilidad en la familia, y sin alternativa habitacional, como es el caso".Entre tanto, Cristina Pedrajas había conseguido localizar al delegado del Gobierno de la junta, Antonio Repullo (PP), quien se ha interesado por ambos casos, pero al cierre de esta edición se estaba a la espera de una respuesta.
