La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara va a dar de plazo hasta abril o mayo para que los delegados de las diferentes consejerías se pongan al día de todo sobre las necesidades de la provincia en sus respectivas materias, que incluye conocer por dónde van los tiros en cuanto a presupuestos y planificación, antes de "comenzar a recordarles compromisos y de llegar a acuerdos sobre cómo se pueden atender las demandas vecinales y de otros colectivos sociales".
Y una de las materias sobre las que más se va a hacer hincapié, según Juan Andrés de Gracia, actual presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) en Córdoba, pero también responsable del Área de Ciudad Física en Al-Zahara, es sobre rehabilitación de edificios, que incluyen, evidentemente, los ascensores. Algo sobre lo que el PP hizo bandera antes de acometer las elecciones autonómicas que les ha llevado al poder en Andalucía.
Precisamente, esas elecciones de diciembre pasado fueron las que frenaron todo el proceso que había en marcha sobre eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios e instalación de ascensores. "Cuando la Junta convocó las elecciones se olvidó de las ayudas a la rehabilitación para las que había presentado un borrador a finales de verano de 2018 al que nosotros, a su vez, presentamos nuestras alegaciones correspondientes", ha explicado De Gracia, "pero nos encontramos en un momento en que no hay ayuda alguna ni por el Gobierno central ni por el autonómico ni tampoco por parte de Vimcorsa a nivel local para rehabilitación de edificios".
Tal y como está la situación actual en Córdoba, según los últimos datos manejados por la Federación, la Administración andaluza remató el proceso de ayudas correspondientes al año 2017 en el verano pasado, mientras que precisamente 2018 fue un año vacío en materia de estas ayudas porque ni siquiera se convocaron, y se produjo "una falta absoluta de promoción y ayuda para la eliminación de barreras y que el acceso fue el máximo posible".
Eso significa que aun hay en Córdoba "entre 340 y 350 edificios" pendientes de sus casos, y eso incluye a los que se han incorporado nuevos por necesidades de última hora, los que de algún modo han comenzado las obras ("en la mayoría de estos casos por iniciativa particular de los vecinos") y también están los que han desechado ya el proyecto. Mejor dicho, ya no están.
"De los más urgentes, es decir los que ya tenían el convenio firmado y acordado, sólo pendiente de que la Junta soltara la financiación, que eran alrededor de 40 bloques, quedan a día de hoy por cubrir entre 15 y 20, que siguen a la espera", ha recordado el dirigente vecinal, quien también ha señalado que muchos de los que se han echado para atrás es por fallecimientos o por abandono para trasladarse a lugares más accesibles, bien en sus propios barrios o incluso fuera de ellos. Hay que recordar que muchos de ellos incidieron sus procesos e 2005, por lo que llevan hasta 14 años esperando y a varias de esas personas se les ha agotado el tiempo "y no han podido bajar a la calle de forma natural".
De Gracia ha recordado también que hay una Directiva comunitaria que obliga a la máxima accesibilidad en obras y rehabilitaciones de edificios, de obligado cumplimiento en diciembre de 2018, y eso implica no sólo ascensores y rampas, sino también "todos los elementos necesarios para que invidentes y personas con deficiencia auditiva", o sea, ciegos y sordos, "puedan también moverse con seguridad como son timbres especiales, tamaños determinados de carteles, colores o braille".
Esa directiva es la que, por ejemplo, tal y como ha recordado Juan Andrés de Gracia, obligó a cerrar el Gran Teatro para su total adaptación "forzado por la Fiscalía, tras la denuncia del colectivo Cota Cero y que ha conseguido prácticamente un cien por cien de eliminación de barreras".
Y, a pesar del plazo acordado para los delegados, "ya le remitimos un comunicado en este sentido al nuevo delegado de la Junta, Antonio Repullo", entre otras cuestiones, porque los propios vecinos afectados de las zonas de Fátima, Miralbaida o Santuario "han empezado a preguntar de nuevo cómo está la situación, tras un tiempo relativamente razonable".
Y si algo juega a favor de la situación en Córdoba es el reciente nombramiento del cordobés Miguel Ángel Torrico como vicesecretario de Fomento y Ordenación del Territorio por parte del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular Andaluz, "con quien vamos a contactar en breve", además de que hay un acuerdo entre la Junta y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) a fin de que las licencias de obras que se solicitaron en su día tanto para las rehabilitaciones como para la colocación de ascensores, y que en más de una ocasión se han tenido que ir renovando, si llegaran a caducar se facilitaría el proceso para que se mantuvieron en el tiempo y evitar nuevos retrasos administrativos.
"El PP hizo de los ascensores su bandera durante la campaña electoral, con visitas a edificios y contactos con vecinos y ya hemos oído algunas declaraciones en positivo sobre ascensores por parte de la consejera, Marifrán Carazo, con lo que esperamos que el proceso pueda retomarse cuanto antes", ha indicado el líder vecinal cordobés.
