El Consistorio de Córdoba, junto con otros ayuntamientos del país, enviará una carta al Ministro de Fomento y Vivienda, Iñigo de la Serna, en relación a la aprobación del Plan de Vivienda Estatal en el Consejo de Ministros del pasado viernes. En este sentido, la misiva, en términos generales, incluye una serie de principios basados en la idea de que el Gobierno “debe entender la vivienda como un servicio social, más allá de un instrumento de mercado”, según explicó la delegada de Vivienda del Consistorio cordobés y portavoz de Izquierda Unida, Alba Doblas.
De esta forma, a través de la carta, solicitan un nuevo paquete de vivienda para que "se beneficien los sectores más desfavorecidos". Por esto, solicitan que "se rompa con la tendencia actual" de los recortes de un 70 por ciento de 1.000 millones de euros en los últimos 8 años. "Es necesario que el presupuesto se incremente desde los 467 millones actuales hasta los 2.000 millones de euros para 2018”, ha insistido Doblas. Con este incremento se podría aumentar el parque público de alquiler y situar al país al nivel europeo. Y es que España “sólo tiene el 2,5 por ciento de vivienda asequible”.
Asimismo, exigen, a través de esta misiva, que el Gobierno asegure que la propiedad del suelo "sea siempre pública y no pase a manos privadas". En el documento consideran que se debe obligar a que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades financieras rescatadas con fondos públicos "incorporen inmuebles vacíos al fondo de viviendas para alquiler social".
Pequeños propietarios
Quieren que las ayudas de rehabilitación del Gobierno de España se dirijan a los pequeños propietarios y que se prevean medidas para evitar que las mejoras de las viviendas que se realicen con fondos públicos "no supongan un aumento desproporcionado del precio del alquiler".
También, consideran imprescindible que el Gobierno modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar la duración de los contratos e "impedir alquileres abusivos", así como acabar con la especulación de la vivienda a través de la finalización de los beneficios fiscales de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis).
Consideran fundamental suprimir las Golden Visa, es decir, la obtención del permiso de residencia a cambio de la compra de pisos de 500.000 euros por parte de personas extranjeras. Asimismo, ven necesario penalizar la compra de vivienda habitual por parte de personas o entidades extranjeras no residentes.
Por otro lado, sobre el anuncio del ministro de Hacienda de aprobar un Decreto-Ley que posibilite a los ayuntamientos la reinversión del superávit municipal, desde estos ayuntamientos recuerdan que las inversiones financieras sostenibles están limitadas por un listado de materias entre las que no están incluidas las políticas de vivienda y rehabilitación. Así, consideran que esta exclusión responde a un "ensañamiento ideológico de entender el acceso a la vivienda como un asunto privado en el que las políticas públicas no han de intervenir". Este escrito se enviará al Ministerio junto a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela, Sabadell, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.
En este sentido, desde el Grupo Mixto-Unión Cordobesa (UCOR) se ha lamentado de que "no nos cansamos de exigir lo que nosotros no hacemos a otras administraciones", ya que si algo caracteriza a Vimcorsa (la empresa pública de la vivienda) "es su falta de actividad". En nuestra ciudad "hacen faltan viviendas públicas para el alquiler", pero desde la empresa responsable de este asunto no se hace nada. Las soluciones, además, deben debatirse entre todas las fuerzas públicas, "no a golpe de moción".
"Una vez más nos encontramos con los balones que lanza fuera Alba Doblas", ha expresado el portavoz de Ciudadanos, David Dorado. El mismo ha afirmado que las mociones que presenta Izquierda Unida en materia de vivienda son "un brindis al sol". Además, no ven que estas medidas "supongan realmente soluciones reales". Ha criticado que no se aportan datos concretos, sin embargo, no ha mostrado preocupación, "porque lo que finalmente se vote en el Pleno no llegará a nada".
Por el grupo socialista, Emilio Aumente ha resumido el problema de la construcción de las viviendas de alquiler en "la falta de financiación". Sobre lo que ocurrió el pasado viernes, el Partido Popular "se sacó de la chistera el Plan de Vivienda". Luis Martín, del PP, ha recriminado a Doblas por no hablar de sus responsabilidades, "sólo ha buscado la justificación culpando al Gobierno del Estado". Es más, Martín ha definido como "fracaso" las tareas de Vimcorsa.
La enmienda de Ganemos a esta moción
Ganemos Córdoba ha recordado que es "la sexta moción que se presenta en cuestiones de vivienda". Les parece bien la moción que presenta Izquierda Unida, pero no estaría bien no llevar a cabo las medidas "con las que tenemos responsabilidad el gobierno local". Por esto, desde este grupo han presentado una enmienda de adhesión, no para echar atrás a la moción, sino para reforzarla. "No podemos decirle a Rajoy que haga medidas y no hacer lo propio en Córdoba". Se trata de una enmienda con la que, en boca de Alba Doblas, no está de acuerdo Izquierda Unida. Doblas, además, se ha dirigido a Blázquez recriminando que "esta enmienda no toca". Finalmente, no ha sido aprobada.
Ganemos solicitaba que la Junta presentara de forma urgente un plan de mejora de la gestión de su parque público de vivienda en Córdoba, con propuestas claras de ampliación del parque y que pusiera en marcha las iniciativas legales para fomentar la puesta en uso de viviendas vacías de bancos o de otros propietarios.
Rafael Castro, en representación de la plataforma 15-M Stop Desahucios, ha defendido que "todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna y la Administración tiene que velar para que éste sea factible". Sin embargo, esto no llega a cumplirse. "Si existiera voluntad política se acabaría con este problema, se puede legislar para garantizar este derecho, pero no se puede". Así, Castro ha recordado que desde su plataforma se fomentó la creación de la Ley de la Vivienda de la PAH. En cuanto al Plan de Vivienda, aprobado el pasado viernes, desde Stop Desahucios consideran que "es un despropósito".
Han criticado, además, que el nuevo Plan de Vivienda "subvenciona nuevas viviendas destinadas al alquiler, cuando existen 3 millones y medio de viviendas vacías". Además de 1.400 millones de euros a destinos privados, habremos gastado todo el dinero, no habremos solucionado nada y unos pocos serán más ricos. La ley de Vivienda de la Paz es una solución, que se haya actualmente finalizando el plazo de posible veto por el Partido Popular, "aunque la decisión final no está en su mano", por lo que si Ciudadanos quiere no saldrá adelante la propuesta del PP.
Tampoco han olvidado la responsabilidad de la Junta en este aspecto, por esto, solicitan a la alcaldesa que cuestiona a sus compañeros de partido. Reconocen, a su vez, la labor del Ayuntamiento en lo que a vivienda se refiere, sin embargo, echan de menos más propuestas, como la labor contra bancos. Así, reclaman que la Oficina de la Vivienda deje de prestar los servicios en El Arcángel. La moción Córdoba contra los Desahucios y la Vivienda Digna obliga a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a sentar a todas las administraciones para negociar todos los aspectos referentes a este ámbito.
