El proceso de escolarización en los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que comenzó en febrero pasado, está entrando en su recta final, con la celebración de las últimas reuniones de las comisiones municipales correspondientes, según ha recordado el sindicato Ustea en un comunicado público. Pero, en su opinión, las reglas con las que este procedimiento se está llevando a cabo "castigan a la escuela pública y favorecen a los centros concertados, como viene ocurriendo en los últimos años", y por ese motivo, este sindicato "denuncia la supresión masiva de clases públicas, la imposición de aulas mixtas o el cierre de centros completos y anuncia nuevas movilizaciones, tras la huelga del 14 de mayo".
Ustea lleva años denunciando que la política de escolarización del Gobierno de la Junta "provoca la supresión masiva de aulas" en la educación pública de Andalucía que, desde la llegada al poder de Juanma Moreno Bonilla (PP), su presidente, ha perdido ya 1.943 clases.
Según los datos recogidos por el sindicato, la red de centros públicos perderá el próximo curso otras 600 aulas, por lo que el recorte se acerca ya a las 2.600 unidades escolares públicas. El próximo curso se clausuran además tres centros completos: El Duque de Rivas y el Alfonso Churruca, en Córdoba, y el Adolfo de Castro, en Cádiz. Esta importante reducción de aulas en la red de centros públicos supone la disminución de recursos en los centros y también la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes.
La normativa que provoca esta situación es el Decreto de escolarización vigente, cuya publicación ya provocó una huelga general educativa en 2020. Su texto permite que la oferta inicial de plazas en los centros públicos se haga en base a un cálculo a la baja, antes de iniciarse el proceso de escolarización y, por tanto, previo a conocer la demanda.
Beneficio para la concertada
Sin embargo, esto no ocurre en los centros concertados, que, además, se ven beneficiados al recoger la matrícula de las familias que solicitan en primer lugar un centro público, en el que no obtienen plaza. Existen multitud de ejemplos de esta práctica de recorte de clases a priori, como es el caso del CEIP San José Obrero, de Jerez de la Frontera (Cádiz) que sólo tenía autorizada una clase de 25, aunque recibió 38 solicitudes.
La movilización de la comunidad educativa ha logrado que, en esta ocasión, la Consejería autorice una segunda clase de infantil. No han tenido la misma suerte otros colegios públicos, como el Manuel Alonso, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), el Alfonso de Orleans de Utrera (Sevilla), el Teodosio de Sevilla, el José Garnica, de Alcalá la Real (Sevilla) o el Prácticas, de Huelva, a los que no se abre una segunda unidad escolar de infantil aunque la demanda supera ampliamente las plazas autorizadas.
Más casos
El recorte de aulas a priori, generalizado en los últimos años en infantil y primaria, está empezando a aplicarse también en secundaria. Como ejemplo, el IES Vicente Aleixandre, de Sevilla, que aunque cuenta con 68 alumnos en cuarto de ESO, ha enfrentado la escolarización sin una sola plaza ofertada para bachillerato, lo que impide que ninguna familia de su entorno solicite este centro. Esta situación únicamente se explica como una maniobra para forzar la solicitud en los centros privados de Triana que necesitan matrículas para avalar su pretensión de concertar estas enseñanzas. Prácticas similares han facilitado el concierto de 22 nuevas aulas de bachilleratos en centros privados de toda Andalucía.
En otros centros públicos, el recorte de aulas se produce después del periodo de solicitud, pero antes de que se produzca la reubicación de alumnado que no ha obtenido plaza en su primera opción. Éste es el caso de los colegios José María del Campo o el Vara del Rey, ambos en la zona Triana-Los Remedios, de Sevilla capital. En esta misma zona de escolarización, el centro concertado Santa Ana conserva una unidad escolar que no ha recibido ninguna solicitud de matrícula. Situaciones similares se observan respecto a los centros concertados San Juan Bosco, de Morón, Santa Victoria, de Córdoba, Santa María de los Apóstoles, de Jaén, el Ciudad de Linares, la Sagrada Familia ,de Villanueva del Arzobispo.
Otra de las prácticas que Ustea viene denunciando es la imposición de aulas mixtas, en las que se mezclan niñas y niños de diferentes edades. Esta figura está pensada para situaciones en la que la suma del alumnado de dos cursos consecutivos no supera 15. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que se limita el número de plazas autorizadas para que no sea posible la matrícula en el mismo y provocar, así, la situación que permite la imposición del aula mixta.
Aulas mixtas
De nuevo, esta práctica no se aplica en los centros concertados, en los que por muy bajo que sea el número de solicitudes, no se crean este tipo de aulas. Ejemplos de centros públicos en los que se ha impuesto artificialmente el aula mixta son el Santo Domingo y el San José de Calasanz, de Jaén, o los colegios Miralbaida, Albolafia, Obispo Osio y Federico García Lorca, de Córdoba capital.
Por el contrario, existen centros concertados en los que las solicitudes llevarían a la creación de aulas mixtas y sin embargo, no se les aplica esta regla, como el CPD San Rafael, en Córdoba; o el Protectorado, el Calderón de la Barca o el Beaterio de la Santísima Trinidad, en Sevilla capital.
Para Ustea, el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía. Frente a este modelo, Ustea reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio en todos los centros y en todos los niveles educativos, para lo que es necesario el aumento de las plantillas docentes.
Esta reivindicación ha llevado a la convocatoria de diferentes movilizaciones a lo largo del curso, incluyendo la huelga del pasado 14 de mayo y tendrá continuidad con nuevas acciones, antes del final de curso. Además, Ustea participará en las manifestaciones convocadas para el 1 de junio en defensa de educación y los servicios públicos.
