La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Medalla de Oro de la Ciudad y que reúne a más de 90 asociaciones vecinales de la ciudad, entre ellas una treinta de asociaciones vecinales de la periferia de Córdoba (El Higuerón, Alcolea-Villarrubia, Trassierra, Cerro Muriano, Santa Cruz y la Zona de la Carrera del Caballo), así como el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de la ciudad de Córdoba, máximo órgano de representación ciudadana, según marca el Reglamento de Participación Ciudadana desde hace más de tres décadas, y que agrupa a los 14 consejos de distrito en que se divide territorialmente la participación en la Ciudad, incluido los seis de las distintas Barriadas Periféricas, han acordado un manifiesto por el que se pide el freno al crecimiento urbanístico ilegal, pero también que se regule "todo lo que se pueda" de las actuales parcelaciones con miras a contar con servicios básicos.
Se trata, en principio, de un borrador que se va a debatir esta misma tarde, y es una de las principales decisiones de ambos organismos de representación ciudadana tras la celebración de la Jornada de Periferia de Al-Zahara celebrada el pasado 28 de octubre.
En concreto, según un comunicado firmado por Juan Andrés de Gracia, presidente del CMC, el manifiesta deja claro que se mantienen los compromisos establecidos hace 20 años en las primeras Jornadas de Parcelaciones organizadas por la Federación Vecinal y en las que se estableció un pacto vecinal-municipal era acordar que se debía poner punto final al proceso de crecimiento urbanístico al margen de la legalidad del PGOU, entonces en tramitación, y que se aprobaría en los años 2001-2003.
Costes abonados por el vecindario
Al mismo tiempo, se acordó que se debía regular y en algunos casos legalizar todo lo que fuera posible las parcelaciones existentes en la ciudad, además de que los costes de estos procesos serían abonados por el vecindario afectado, de igual forma y en condiciones similares a las que se habían desarrollado en el resto de la ciudad.
En este sentido, tanto Al-Zahara como el CMC también asumen las conclusiones elaboradas por la Mesa Vecinal de El Higuerón hace tres años, en la que hubo presencia técnica y política, y que fueron asumidas también en Pleno municipal y del Parlamento andaluz por unanimidad. Ahí se hablaba de defender como una prioridad la dotación de servicios independientemente de la situación urbanística de las viviendas, ante el fracaso del PGOU y de la LOUA para conseguir la regulación o la legalización urbanística de las 10.000 viviendas afectadas por los diversos mecanismos legales urbanísticos puestos en marcha.
De igual manera, siempre según el mismo manifiesto, se hacen propios los trabajos realizados en estos dos últimos años por la Comisión de Periferia de la Comisión del CMC y que se han remitido a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y al Ayuntamiento cordobés y la Junta "sin que se haya tenido respuesta eficaz, a pesar de todas las conversaciones y negociaciones mantenidas con ambas administraciones por separado y de forma conjunta".
El texto de Juan Andrés de Gracia señala que el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente han reconocido que las dos modificaciones realizadas a la LOUA (2012 y 2016) "no han dado respuesta" a las necesidades de conseguir adelantar los servicios básicos a los más de 100 núcleos de viviendas en distinto proceso de regularización o legalización existentes, a pesar de haber recogido algunas de los planteamientos elaborados por la Mesa de El Higuerón, "pero que al final no está siendo posible poner en práctica en Córdoba por los condicionantes incluidos en ambas modificaciones legales".
Modificación de la LOUA
Por ello, se considera que la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento en el desarrollo del PGOU y de la aplicación de la LOUA "choca permanentemente con la Legislación Urbanística y Sectorial existente", por lo que ha elaborado una propuesta de modificación de la LOUA que afectaría a las viviendas que han iniciado o pueden hacerlo el camino de la legalización, que ha presentado en el Parlamento y a la Junta "y que se encuentra bloqueada y sin respuesta".
Mientras tanto, en plena crisis económica que ha generado falta de recursos económicos para abordar soluciones urbanísticas pensadas para una época de especulación urbanística, y con una dura sequía que se extiende ya por tercer año, las más de 40.000 personas de afectadas directamente en Córdoba por esta situación de falta de servicios (agua potable, luz eléctrica y saneamiento) que impide mantener una vida digna, creen llegada la hora de dar una solución que consiga evitar una crisis social, sanitaria y medioambiental de insospechadas consecuencias.
Eso implica una serie de reivindicaciones que incluyen que en las zonas urbanas, especialmente de la zona de Sierra (Trassierra, Las Jaras o Cerro Muriano), "exigimos que Emacsa aborde la inversión necesaria para que se pueda contar con agua y saneamiento de carácter público y de máxima calidad y fiabilidad". En este caso, la financiación tendrá que venir de fondos europeos o autonómicos de carácter medioambiental, con aportaciones del vecindario afectado en función de la Legalidad Urbanística en que se encuentre.
Adelantar los servicios
Por otra parte, en las zonas urbanizables se apoya la propuesta preparada por el Ayuntamiento para adelantar servicios a la fase de creación de la Junta de Compensación, exigiendo al Parlamento su aprobación. Complementariamente, el Consistorio tendrá que comprometerse a agilizar la tramitación oportuna de los planes parciales mediante el funcionamiento eficaz de una Oficina del Territorio. Concretando en un problema actual, el manifiesto alude a que ambas administraciones tendrán que desbloquear el expediente de ampliación de Poniente, que sigue sin resolverse definitivamente.
En las zonas no urbanizables, igualmente, se seguirá insistiendo a la Junta para que promueva por razones sociales y de salud la posibilidad de dotación provisional de servicios. También exigirá al Ayuntamiento que apruebe la posibilidad de dar servicios a parcelas situadas en parcelaciones en los que la mayoría cuentan con servicios legalizados. De forma paralela, para que se pueda aplicar en la ciudad la figura Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), "se va a exigir al Ayuntamiento y a la Junta el inicio de un procedimiento de revisión de las Zonas de Especial Protección, cambiando esa calificación por otra que permita la dotación de servicios de forma condicionada", insiste el manifiesto.
Finalmente, en las zonas afectadas por legislaciones sectoriales culturales o medioambientales, como Medina Azahara, el medio físico, el río o el aeropuerto, se va a exigir a las consejerías competentes que determinen con claridad de qué forma puede ser aceptable su continuidad, y que en caso que no sea posible esa continuidad, se arbitre las fórmulas para que se pueda vivir con dignidad.
