El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes (PP), ha explicado esta mañana que el Reglamento aprobado esta misma semana por el Ejecutivo andaluz para complementar a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista) permitirá poner un "punto y final" al problema de las parcelaciones en la capital cordobesa para la regularización de un parte importante de ellas, al tiempo que se impedirá la aparición de nuevos núcleos de viviendas irregulares.
"No partimos de cero", ha señalado, para añadir que el reglamento y la Lista "avanzan considerablemente las posibilidades de regularización del parcelario cordobés". A partir de ahora, la Gerencia se va a coordinar mucho más y de forma más ágil con la Administración andaluza y con la Fiscalía para intentar que este proceso no siga. "No podemos seguir ampliando el perímetro de la ciudad y hay que ordenar todo lo que es el lienzo del mapa cordobés, evitando problemas con pozos, fosas sépticas y otros desequilibrios patrimoniales o medioambientales", a la vez que "se dan garantías para intentar que los expedientes sancionadores se ejecuten y si hay que demoler, se haga".
Dicho de otro modo, "no podemos ir ensanchando el lienzo urbanístico de manera absolutamente discrecional y a costa de todos, es decir que no te puedes hacer ya una casa fuera del lienzo".
"Para la ordenanza de las ITE, vamos a llevar la prórroga de la actual por seguridad jurídica en la ultima semana de diciembre y en enero o febrero de 2023 la vamos a publicar definitivamente"
Fuentes no ha ocultado su satisfacción a la hora de señalar que "se ha hecho en tres años lo que no se hizo antes en dos décadas" en materia de actualización y simplificación del marco normativo urbanístico. En concreto, para Córdoba "se van a poder humanizar las situaciones que sean necesario contemplar y que antes no se podía".
Una de las mejoras destacadas por el responsable del urbanismo cordobés es que el Reglamento contempla la figura de entidades urbanísticas certificadoras, es decir los colegios profesionales, para convenir con entidades privadas la verificación de licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas, y, de ese modo, agilizar la tramitación de la normativa urbanística. Fuentes ha indicado, en este sentido, que "se han iniciado ya las negociaciones de propuestas de convenio con esas entidades, y ya están muy avanzadas".
Igualmente, el Reglamento establece reservas dotaciones sin incrementar el precio del suelo para adaptar los usos a las necesidades efectivas de los vecinos, concreta las condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población y reduce considerablemente la tipología de los suelos.
De hecho, sólo aparecen dos modelos: Rústico y urbano, y todo el resto desaparece. En suelo rústico, siempre según Fuentes, se marcan cuatro categorías: Suelos especialmente protegido por la legislación sectorial, en alusión a los BIC, que en Córdoba se concentran en Medina Azahara; suelo preservado por la existencia acreditada de riesgos naturales suelos, como son las zonas inundables en las riberas del río; suelos preservados por la ordenación territorial y urbanística, que son la Vega del Guadalquivir y del Guadajoz, y, finalmente, suelos rústicos comunes.
"Con el nuevo Reglamento de la Junta se simplifica mucho todo, ya que sólo hay dos tipos de suelo: Rústico y urbano, y el resto desaparece"
Fuentes ha destacado también el avance que se produce en el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), porque "multiplica su capacidad y eficacia para regularizar situaciones que antes no se podía". En este sentido ha indicado que se tramitarán los planes especiales de adecuación ambiental y territorial para minimizar el impacto de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas, algo que en su día fue "el gran desafío de Juan Andrés de Gracia", presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), que "demandaba situaciones humanas y no especuladoras y sacar adelante las parcelaciones que tienen alcance social".
Por el momento, la Oficina de Ordenación del Territorio lleva cuatro meses trabajando con todas las agrupaciones parcelarias para elaborar un diagnóstico de su situación que estaba pendiente de la aprobación del Reglamento. "en el presente mes de diciembre acabará la primera ronda de fichas de auditoría, y habrá una segunda fase en la que empezaremos a actuar para encarrilar situaciones", ha abundado el concejal popular.
De igual modo Fuentes ha recordado que el artículo el 176.6 de la Lista contempla la posibilidad en las parcelaciones clasificadas o reconocidas, siempre que estén en planeamiento y sea aprobado, que se puedan plantear obras ordinarias de ejecución de infraestructura provisionales, aunque no esté acabada la urbanización. La idea es poder abordar ese tipo de actuaciones puntuales y garantizar los servicios básicos, como son la electricidad, el abastecimiento y el saneamiento. "Ahí intentaremos ser muy sensibles a la hora de interpretar la norma para ir abordando esos casos específicos y garantizar esos servicios básicos", ha expuesto.
De igual modo, el concejal ha indicado que la inspección técnica de edificios (ITE) con más de 50 años va a contar en muy breve espacio de tiempo con su propia ordenanza, que está ya muy avanzada y consensuada y permanecía al ralentí a la espera del Reglamento de la Junta. En este punto, "vamos a llevar la prórroga de la actual por seguridad jurídica en la ultima semana de diciembre y en enero o febrero de 2023 la vamos a publicar definitivamente". Eso irá acompañado de una memoria económica "que pretendo llevar al presupuesto de 2023 de 500.000 euros". Son fondos para quienes tienen verdaderas dificultades tanto para realizar las inspecciones como para afrontar las obras que salgan de esos análisis en los edificios.
"Para las parcelas del entorno de Medina Azahara trataremos de buscar solución con la Unesco"
Por su parte, José Tomás Valverde, jefe de la Oficina de Ordenación del Territorio, ha señalado que tras el verano pasado se han celebrado 33 reuniones, en las que se han atendido a unas 38 parcelaciones. Quedarían por celebrar de aquí al finales de año otros 20 encuentros de hora y media de duración cada uno. De este modo, se terminará con el diagnóstico del conjunto, si bien "hemos visto ya problemáticas comunes con sus respectivas soluciones".
El técnico ha señalado además que algunas de esas parcelaciones se encuentran ya francamente avanzadas en su proceso, de modo que en unas semanas se podrán llevar a consejo de Urbanismo, pero hay otras que estaban paralizadas y tienen que redactar su correspondiente plan especial. El presidente de la GMU ha indicado en este punto que "en 2023 queremos tener aprobadas algunas parcelas, hay tres o cuatro a punto de caramelo, para que puedan servir de ejemplo e inspiración a las demás".
De igual modo, el gerente de la GMU, Luis Valdelomar, ha recordaba que hasta la entrada en vigor del Reglamento, que será en breve, se estaban aplicando reglamentos de 1978, y ahora se refunden en uno solo toda esa normativa, de modo se "hará más fácil nuestro trabajo. porque reduce el margen interpretativo". Así el PGOU cordobés puede seguir con normalidad y ha recordado que la capital tiene aún mucho espacio por urbanizar en el abanico de Poniente, como es el caso de Poniente Norte, con más de 6.000 viviendas; en Poniente de la Carretera del Aeropuerto Norte-Sur también con más de 6.000 viviendas, o en Ciudad de Levante, con otra cantidad similar.
"Queda mucho suelo por urbanizar, con más de 6.000 viviendas tanto para Poniente Norte, como Ciudad de Levante o Poniente de la Carretera del Aeropuerto Norte-Sur"
Valdelomar ha explicado que el AFO, que hasta ahora no ha funcionado bien y sólo en suelo urbano, se va a usar ya de facto y se aplicará a cualquier tipo de suelo y de uso de edificación irregular existente. Lo único que se debe hacer desde Urbanismo es reconocerlo, lo que le dará derecho a esos servicios básicos, tras la verificación de una serie de requisitos, como es de lógica.
Para el AFO se dan tres circunstancias. Suelo no urbanizable, que antes tenían vetada la regularización, y ahora con planes especiales de mejora ambiental para la sostenibilidad ambiental y social les permitirá tener acceso a servicios; suelo urbanizable pero sin haberse aprobado el plan parcial, que tendrán una doble vía de actuación: El proceso normal en suelo urbano o tramitar los planes especiales, y suelo urbano no consolidado o aprobado el plan parcial. Éste último caso no requieren de planes especiales.
"En 2023 queremos tener aprobadas algunas parcelaciones, hay tres o cuatro a punto de caramelo, para que puedan servir de ejemplo e inspiración a las demás"
De todos modos, Fuentes ha advertido que la regularización "no es general". Es más, habrá que estudiar esos planes especiales para cada caso, porque las situaciones de riesgo marcan la pauta "y eso la gente lo sabe", bien en materia de incendios o bien de inundaciones. Se puede dar el caso de que esos planes especiales minimicen el riesgo hasta el punto de que puedan acceder a los servicios básicos, pero también es verdad que las medidas que se tengan que aplicar "no van a ser precisamente baratas".
"Hay casos que son ilegales, más allá de ser irregulares, como 24 casas en la Vega que se vieron afectadas por las inundaciones de 2010, pero cuando acabemos todo el proceso veremos qué agrupaciones se normalizan". De igual modo, para el entorno de Medina Azahara "trataremos de buscar solución con la Unesco".
